Se espera que entre el 7 y el 15 de diciembre próximo, la Misión de Acompañamiento Electoral (MAE) de la OEA en las elecciones municipales del 5 de noviembre, dé a conocer su informe final.
Hay expectativa acerca de cómo manejará la OEA en ese informe el problema de los fraudes electorales que se comprobaron en unos 10 municipios del país, los cuales han sido denunciados y documentados por varios partidos políticos de los que participaron en los comicios.
Se supone que la presencia de la OEA en las votaciones del 5 de noviembre era para al menos evitar el fraude en el recuento de los votos, ya que no se podía evitar que todo el proceso electoral fuese fraudulento por los abusos, ventajismos y arbitrariedades del régimen orteguista.
La misión de la OEA que observó las votaciones consignó en su informe preliminar varias irregularidades técnicas y políticas, las que fueron denunciadas por los partidos participantes en las elecciones o los mismos observadores comprobaron. Pero en el informe preliminar dijeron que eso no había “afectado en lo sustancial la voluntad popular que se manifestó en las urnas”.
La verdad es que los fraudes que se cometieron en municipios como San Pedro de Lóvago, El Coral, San José de Bocay, San Miguelito, El Jicaral, Rancho Grande, Paiwas y varios del Caribe, sí alteraron sustancialmente la voluntad popular. En esos lugares los votos de muchos ciudadanos fueron manoseados y cambiados de destinatario por el partido de Gobierno, con la complicidad del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Insólitamente, en el informe preliminar de la OEA se califica al CSE como “un poder independiente”. ¿Pero cómo puede ser independiente un poder electoral que comete fraudes descarados para, en este caso, ayudar al partido gobernante a apoderarse de gobiernos municipales en lugares políticos estratégicos”, así como para castigar al partido indígena Yatama porque rompió su alianza con el Gobierno?
Los partidos víctimas de los fraudes cometidos por el oficialismo en varios municipios, lo han puesto en conocimiento de la Secretaría General de la OEA y esta deberá incluirlos en el informe final que presentará ante el Consejo Permanente, que esperamos se haga público.
Los fraudes perpetrados en las votaciones del 5 de noviembre a pesar de la presencia de los observadores extranjeros, demuestran que no es cierto que el CSE sea un poder independiente, como se dijo en el informe preliminar de la Misión de la OEA. El secretario general de la Organización Luis Almagro, debe tener claro que para adecuar el sistema electoral de Nicaragua a los estándares democráticos básicos, hay que hacerle reformas sustanciales comenzando por despolitizarlo mediante cambios en la cúpula y las estructuras del CSE.
Esos cambios no deben ser solo para “promover la participación activa de representantes de las organizaciones políticas en las actividades del poder electoral”, como se dice en el informe preliminar, sino para que el CSE sea en realidad un organismo independiente, profesional, honorable y confiable.