El informe preliminar de la MAE-OEA del pasado 7 del corriente contiene aspectos tanto negativos como positivos.
Entre los aspectos negativos podrían señalarse desde la omisión de asuntos relevantes (como la inclusión/exclusión de jóvenes o minorías étnicas o el tema de la deficiente regulación de las alianzas electorales) y el exceso de eufemismos para disimular burdas ilegalidades (como los coordinadores de centros de votación maquillados como figuras “no contempladas en la normativa vigente sino en la cartilla de capacitación”) hasta la burlesca distorsión de la realidad (por ejemplo, el carácter “pacífico” del proceso, la naturaleza “independiente” del poder electoral, el aseguramiento “con carácter general del control pluralista de los partidos políticos” —cuando el propio informe señala la ausencia pluripartidista de fiscales hasta en casi la mitad de JRV—, las “facilidades que existen para la creación de partidos políticos”, “la inexistencia de televisoras estatales”, etc.). O la superficialidad y pobreza técnica de algunos apartados (así, las recomendaciones referidas al sistema de resolución de disputas electorales no abordan la cuestión fundamental recogida en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 23 de junio de 2005 en donde se determinó que Nicaragua tiene que reformar su Ley Electoral para establecer el sometimiento del Consejo Supremo Electoral a algún tipo de control jurisdiccional o, tal vez peor, la insólita referencia al requisito de la recolección del 3 por ciento de firmas de ciudadanos para el registro de los partidos políticos declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en sentencia 103 de 8 de noviembre de 2002).
Entre los señalamientos positivos cabe apuntar las reiteraciones sobre la conveniencia de realizar una auditoría integral al registro electoral, de continuar implementando soluciones tecnológicas a los procesos electorales, las críticas al diseño de las boletas, la necesidad de generar mayor claridad y predictibilidad respecto de los procedimientos impugnatorios y la elaboración de una ley de partidos políticos que contemple, subrayo, reglas de democracia interna.
Sin embargo, tal vez lo más interesante en este momento sea analizar con exhaustividad diversos contenidos del informe que parecen cuidadosamente redactados para permitir diversas salidas según cómo vayan marchando los acontecimientos. Algunos abiertamente tienden al gatopardismo. Otros a fomentar el zancudismo.
Por ejemplo, recomendar mecanismos que fortalezcan la participación de los partidos políticos en las actividades del poder electoral “en la medida que corresponda” y procedimientos de designación de los miembros de los CED/CER, CEM, JRV que garanticen la participación de todos o de “la mayoría de las organizaciones políticas participantes” podría significar la consagración de la bipartidización del poder electoral impuesto por el FSLN y el PLC que menoscaba el pluralismo político establecido en el artículo 5 de la Constitución Política.
Lo que necesita Nicaragua es despartidizar completamente el sistema electoral —cosa que, curiosamente, sí recomienda la MAE-OEA respecto de la observación electoral nacional— e integrar los organismos electorales con ciudadanos nicaragüenses no necesariamente vinculados a los partidos políticos.
Igualmente, la recomendación de financiar a los partidos políticos “de forma permanente” y de entregarles la financiación electoral “de forma anticipada” puede constituir un mecanismo prebendario que busque asegurar el “consenso” de las reformas electorales que se avecinan y seguir manteniendo, por parte del presidente Ortega, el control del sistema de partidos. Por el contrario, resulta indispensable para el futuro democrático nicaragüense reconstruir el actualmente secuestrado, distorsionado y disfuncional sistema de partidos políticos.
La discusión amplia y plural de los anteriores y otros aspectos contenidos en el informe de la MAE-OEA es sumamente importante para el éxito o el fracaso del trabajo que durante los próximos años realizará la OEA en Nicaragua.
El autor es presidente del Movimiento por Nicaragua.