Valor económico de la voz del pueblo

Si el Gobierno fue capaz de, frente a la reacción ciudadana, retirar la ley de régimen vehicular por sus costos políticos, con mayor razón debe escuchar esas voces del pueblo que claman justicia frente a la masacre de La Cruz de Río Grande

Revolución

Para quienes la Ciencia Económica y la Administración de Empresas es solamente una cuestión de pesos y centavos, resulta difícil entender que todas las sociedades tienen activos, de carácter no financiero, que siendo movilizados pueden ayudar notablemente a que se alcancen grandes objetivos del desarrollo económico.

Recuerdo haber utilizado ese concepto cuando a inicios de los años ochenta, en que todavía prevalecía el gran consenso nacional que hizo posible el triunfo de la revolución sandinista, se lanzó la Cruzada Nacional de Alfabetización que movilizó a miles y miles de jóvenes, quienes en un gesto de gran desprendimiento, y pese a las enormes dificultades que enfrentaron, ayudaron a reducir en pocos meses la tasa de analfabetismo de aproximadamente el 50 por ciento de la población a casi el 10 por ciento. ¿Se imaginan lo que en términos presupuestarios, es decir pesos y centavos, costaría alcanzar esa meta, y el tiempo que tomaría?

Hechos de los últimos días, que han sido reportados en los escasísimos medios de comunicación que escapan al control gubernamental, y ante el silencio absoluto, total, de los medios oficialistas, revelan otras manifestaciones del valor económico de la voz del pueblo, como he titulado este artículo, o de la participación ciudadana, como se conoce en las ciencias sociales al activo no financiero que puede ayudar a alcanzar grandes metas del desarrollo.

Esos hechos son de la más diversa naturaleza y grado de incidencia. Uno de ellos, de hace una semana, fue el abusivo intento gubernamental de modificar la Ley de Régimen Vehicular con multas astronómicas, que hubiesen golpeado los bolsillos de muchos hogares. La reacción de insatisfacción popular no se hizo esperar, y a través de las redes sociales, y los escasísimos medios independientes, se trasladó al gobierno el costo político que pagaría, y este retiró el proyecto de ley. Este es un ejemplo del valor económico de la libertad de expresión.

En la misma dirección, y de otra naturaleza, leí en la revista digital Confidencial, la iniciativa de una organización social llamada Milpa, convocando a un festival gastronómico, y que en base a la experiencia de países como el Perú, en que la gastronomía representa un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto (PIB), para difundir el valor gastronómico de la comida criolla, y también el emprendimiento de empresas y turismo, contribuyendo así a generar más empleos. Otro valor económico de la participación popular.

Y a propósito de turismo y competitividad, mucho se habla de la importancia de la “marca país”, para atraer turistas e inversiones. Pues bien, el premio Reina Sofía de Poesía otorgado a Claribel Alegría, y el premio

Cervantes de Literatura concedido a Sergio Ramírez, han hecho muchísimo por la “marca país”, ante el silencio total del gobierno y su así llamada política de unidad nacional y consenso, que no reconoce el valor de la participación ciudadana (la que no controla o no autoriza) en la proyección exterior de la imagen positiva del país.

Lamentablemente, no todos los hechos son positivos.

Otros ejemplos del valor económico de la libertad de expresión, que es la forma más importante de participación ciudadana, han sido las voces de indignación, de seglares, religiosos y organizaciones de la sociedad civil, en LA PRENSA, Confidencial, Radio Corporación y en las redes sociales, por la masacre de la comunidad de San Pablo 22, en el municipio de La Cruz del Río Grande, incluyendo un niño de 12 años y una adolescente de 16.

Todas esas voces de indignación han tenido un denominador común: un Ejército, que valora su institucionalidad y profesionalismo, debe esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. De lo contrario, las fuerzas armadas estarían abonando en la dirección que el actual régimen autoritario tenga un final catastrófico, a través del enfrentamiento, que nos hará retroceder todo lo precariamente avanzado en términos económicos y sociales.

Si el Gobierno fue capaz de, frente a la reacción ciudadana, retirar la ley de régimen vehicular por sus costos políticos, con mayor razón debe escuchar esas voces del pueblo que claman justicia frente a la masacre de La Cruz de Río Grande. Y si el Gobierno no lo hace, el ejército debe hacerlo.

El autor fue candidato a la Vicepresidencia de Nicaragua.