Gobierno lanza antimotines contra mujeres

El Gobierno exhibió en Managua un desproporcionado despliegue de fuerzas especiales para impedir que las mujeres pudiesen manifestarse en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En años anteriores las mujeres de Nicaragua salieron a marchar en medio de la represión policial. LA PRENSA /ÓSCAR NAVARRETE

En años anteriores las mujeres de Nicaragua salieron a marchar en medio de la represión policial. LA PRENSA /ÓSCAR NAVARRETE

El Gobierno exhibió en Managua un desproporcionado despliegue de fuerzas especiales para impedir que las mujeres pudiesen manifestarse en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En los primeros cordones policiales colocaron a mujeres.

Mientras en el interior del país, además de la Policía Nacional, utilizó a funcionarios del Ministerio del Transporte e Infraestructura (MTI) para impedir que las mujeres pudieran manifestarse en Managua.

Al frente de los antimotines

En Managua estuvieron a cargo de los antimotines el jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), comisionado Justo Pastor Urbina y, como es costumbre en toda expresión de protesta o reclamo, también el segundo jefe policial en la capital, comisionado Fernando Borge.

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En las inmediaciones de los semáforos que conducen hacia la Fiscalía, en Carretera a Masaya, centenares de mujeres que salieron frente al colegio Teresiano, se vieron impedidas de avanzar hacia los alrededores de la Universidad Centroamericana (UCA), donde pretendían concluir la marcha.

Una valla metálica colocada a lo largo y ancho de toda la Carretera a Masaya dividió la marcha de las mujeres y el fuerte contingente policial que se extendía hasta la rotonda de Rubén Darío en una clara manifestación de fuerza gubernamental justamente el día de lucha contra la violencia hacia la mujer.

El argumento de la Policía

Los participantes en la marcha cuestionaron a Borge por el impedimento al derecho de movilización y de manifestación de todo ciudadano y este se limitó a referir que emitirían un comunicado.

En una nota de prensa de la Policía la institución alega que las mujeres pretendían marchar sin permiso de la institución “afectando el orden público, la libre movilidad de las personas y obstaculizando la realización de sus actividades económicas, comerciales, financieras y de recreación”.

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“La Policía Nacional, de conformidad a nuestra Constitución Política, cumpliendo el deber de garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas, familias y comunidades, ha procedido a realizar las acciones necesarias para mantener el orden público y el derecho a la libre movilidad de las personas y circulación de vehículos”, agrega la nota.

Denuncias en otros departamentos del país

Ana Quirós, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), también denunció que mujeres de Chinandega, de Chichigalpa y Masaya fueron impedidas de movilizarse hacia Managua. Y a las que lograron arribar a la capital, como la representación de Matagalpa, la Policía le trasladó los dos autobuses al depósito municipal.

Preocupa que en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer “sea la Policía, los antimotines, los motorizados los que ejerzan la violencia contra las mujeres”, dijo Quirós.

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El Cenidh protestó por la represión que restringió a cientos de mujeres manifestarse. El Cenidh señala que los antimotines estaban armados con garrotes de hule, fusiles de balas de goma y lanzadores de bombas lacrimógenas.

En la marcha en Managua participaron familiares de víctimas de la violencia de género para demandar justicia que, según Magaly Quintana, el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir ya contabiliza este año 49 femicidios y cinco asesinatos.

La principal demanda de las mujeres fue que cese la violencia y que haya justicia, pues muchos de los casos están en impunidad.

Insiste en reclamo

Una que destacó en la demanda de justicia fue Elea Valle, madre de Francisco y Yojeisel Elizabeth Pérez Valle, de 12 y 16 años, respectivamente, dos de las seis víctimas de la operación militar ocurrida el 12 de noviembre en San Pablo 22, La Cruz de Río Grande. Desde un altoparlante, Valle demandó “justicia” para ella y para otras madres con hijos asesinados.

Al tiempo que reclamaba la entrega de los restos de sus vástagos sostuvo: “No podemos decir que son nacionales, son unos grandes asesinos, comunistas, asesinos sinvergüenzas, entreguen mis niños”.

“Por la saña con que se cometió ese delito” el Observatorio de Católicas contabiliza la muerte de la adolescente Pérez Valle como femicidio, expresó Quintana.
Hugo Torres:

“Es miedo del régimen”

El general en retiro Hugo Torres criticó el gran despliegue que “además lanza a policías mujeres para enfrentar a las mujeres que están protestando; es un acto de cobardía”.

“Es miedo del régimen, miedo a mujeres que lo que están haciendo es protestando contra la violencia machista, miedo a las mujeres que están protestando contra los crímenes de sus hijos, esa es una muestra grande del miedo”, dijo Torres.

La comandante guerrillera sandinista Dora María Téllez coincidió con Torres, en cuanto a que el uso de decenas de fuerzas especiales es “por temor” que tiene el Gobierno, porque son culpables de crímenes, de represión, de injusticia y corrupción. Y sobre todo, dijo Téllez, porque “son culpables” de las muertes de los dos menores hijos de Elea Valle, cuyos cuerpos aún no se los entregan, tras señalar: “Ortega siempre ha sido amigo de la violencia”.