Dicen que el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros las jugamos y este próximo 26 de noviembre, Honduras se juega el suyo celebrando elecciones generales e históricas. No solo el actual presidente de la República buscará la reelección para un segundo mandato sino que además será la primera vez en la historia electoral y democrática del país que existe una alianza opositora.
Los analistas coinciden en señalar que estarán en juego mucho más que el presidente y el Congreso Nacional, se estará definiendo si el país mantiene la ruta que viene transitando desde mediados de la presente década o si opta por una ruta desconocida y diferente.
Para poner en perspectiva la situación actual, tenemos que remontarnos a los primeros años de este siglo. La historia no fue muy alentadora. La situación política, económica y social de la Honduras de los 2000, habían ingresado en un profundo despeñadero. El crimen organizado internacional, el narcotráfico y el lavado de activos penetraron la institucionalidad hondureña, erosionaron fuertemente la seguridad ciudadana, desnaturalizaron las funciones de la Policía Nacional y debilitaron las capacidades del Ministerio Público y la Justicia. Los homicidios alcanzaron la tasa inédita de más de 86 por cada cien mil habitantes, la más alta del mundo en ausencia de conflictos bélicos, y la extorsión se instauró como moneda de uso corriente en la vida de los ciudadanos y los pequeños comerciantes.
El debilitamiento institucional favoreció el crecimiento de la corrupción en las contrataciones del Estado, con las obras públicas y compras de medicamentos en primera línea de estas prácticas. La educación apenas alcanzaba los 150 días de clase al año. Los servicios de salud se encontraban en franco retroceso, y casi siete de cada diez ciudadanos vivía literalmente en la pobreza. La infraestructura productiva se había deteriorado. La economía estaba prácticamente estancada y esto provocaba escasa inversión y un fuerte deterioro de las cuentas públicas. El golpe de Estado de 2009 mantuvo al país aislado y sin acceso a los organismos financieros bilaterales y multilaterales durante casi un lustro.
En enero de 2014 asumió la Presidencia Juan Orlando Hernández. Su predecesor, Porfirio Lobo, había logrado reinsertar a Honduras en la comunidad internacional, al tiempo que propició un conjunto de reformas legislativas para comenzar a recuperar la institucionalidad y el control de la seguridad ciudadana.
En menos de cuatro años, Hernández introdujo profundas reformas económicas, sociales y de seguridad. En esta última, depuró casi un tercio de la policía y estableció la Policía Militar de Orden Público para apoyarla, mientras esta se reestructuraba. Su agresiva gestión, logró desarticular los principales cárteles de la droga, extraditando a sus principales capos mientras creaba nuevos centros penales de alta seguridad para otros. Hernández destruyó narcopistas y narcolaboratorios, desbarató las estructuras de lavado de activos y logró la incautación de fuertes cargamentos de drogas y de cientos de millones de dólares en propiedades, empresas y cuentas bancarias del crimen organizado. En el mismo lapso, el Gobierno invirtió fuertemente en la recuperación de espacios públicos seguros y otros programas de prevención. En algo menos de cuatro años, como consecuencia, la tasa de homicidios se redujo a la mitad y se ha producido un descenso marcado de la extorsión.
La salud pública se está reestructurando. La educación ha logrado sostener más de doscientos días de clase cada año y se ha iniciado la reconversión de los sistemas de formación de docentes. Además, se puso en práctica una estrategia de combate a la pobreza en el mediano plazo sobre dos pilares: la mitigación —a través de transferencias condicionadas y el mejoramiento de la vivienda y su entorno físico que benefició ya a más de un millón de familias— y la generación de empleo. Las cifras muestran una reducción de la pobreza de seis puntos. Se han creado programas especiales de capacitación y crédito para la microempresa y pequeños negocios y se ha lanzado un programa de Zonas de Empleo basado en la experiencia de Singapur y otros países con las llamadas “ciudades modelo”.
Las finanzas públicas lograron ordenarse mediante una reforma tributaria, el mejoramiento de la recaudación, la contención del gasto público y la reducción del déficit fiscal a la mitad. Se saneó el sistema de contrataciones del Estado con nuevas prácticas mediante convenios firmados con Transparencia Internacional y la Iniciativa Cost. La inversión pública en infraestructura, con apoyo de instituciones bilaterales y multilaterales no tiene precedentes, y el país ha cumplido ya en forma rigurosa con el programa pactado con el FMI.
Para el mediano plazo, el Gobierno diseñó el Programa “Honduras 20/20”, en el cual marcó una ruta inteligente para el desarrollo de la inversión en sectores prioritarios, y la generación de 600,000 puestos de trabajo.
Ante este panorama, el presidente Hernández busca la reelección para tratar de dar continuidad, en los próximos cuatro años, al programa de reformas iniciado en su actual administración. Su más cercano contrincante, el ingeniero Salvador Nasralla, ampliamente conocido en el país como periodista deportivo y presentador televisivo de programas de entretenimiento, encabeza la denominada “Alianza de la Oposición” cuya principal fuerza es el Partido “Libre”, de izquierda, y cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, depuesto en 2009 por un golpe de Estado seis meses antes del final de su mandato. El presentador, no tiene ningún antecedente en el ejercicio de cargos políticos o de gobierno y durante la campaña ha preconizado cambios en la política de seguridad, la eliminación de la Policía Militar y la depuración de la policía. En su agenda, ha dado prioridad a la generación de empleo, plantea la eliminación de políticas “asistencialistas” y se declara contrario a las Zonas de Empleo emprendidas por Hernández, poniendo énfasis en el fin de la corrupción.
Su campaña se ha orientado a la crítica de la situación del país y a la gestión del actual mandatario, aunque los analistas subrayan que no ha marcado con claridad una ruta alternativa realista para la solución de los problemas que señala, poniendo énfasis, sin embargo, en su honestidad para enfrentarlos. Sus declaraciones públicas no han estado exentas de la polémica. Recientemente, la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó de “calumnias injustificadas” y búsqueda de protagonismo las declaraciones del presentador en las que aseguraba que el organismo internacional recibiría recursos procedentes de una organización delictiva para legitimar un supuesto resultado electoral.
En cuestión de horas, el pueblo hondureño deberá salir de la encrucijada. En democracia, nadie es más que nadie salvo quien elige el pueblo y el futuro no está escrito, solo ese pueblo puede escribirlo.
La autora es periodista, escritora y consultora.