Es magnífico lo que está haciendo la OEA, tratando de que el gobierno mejore el sistema electoral y reforme sus respectivas leyes. Igualmente lo son los llamados de los obispos, líderes gremiales, políticos y medios, a que se avance en esa dirección. Igual fue un gran paso divulgar los resultados de las elecciones, acta por acta, práctica que el Consejo Supremo Electoral (CSE) había suspendido arteramente, desde el 2008, tras descubrir que habían servido para desenmascarar el masivo fraude de entonces. Pero no basta.
Un problema, respecto a reformas y leyes, es que por buenas o modernas que sean pueden ser interpretadas, torcidas o ignoradas, si la institución encargada de hacerlo no está compuesta por personas íntegras e independientes. ¿Pues quién garantiza que, a la hora de aplicarlas, magistrados tan ingeniosos como inescrupulosos saquen de sus mangas la excepción impensada, anulando como por arte de magia un candidato o un partido? ¿No teníamos, acaso, una Constitución que prohibía la reelección sucesiva? Pero de nada sirvió cuando un grupo de magistrados, fieles a Ortega, declaró inconstitucional dicho precepto.
Haría falta, pues, junto con las necesarias reformas electorales, otras que aseguren la independencia de los poderes del Estado, comenzando con la del poder judicial. Igual sería indispensable limpiar el nido de víboras en que se ha convertido el CSE, por culpa de individuos cuyas acciones “deshonestas”, en palabras de la Conferencia Episcopal, han sido “no solo éticamente negativas, sino pecado”. Estos tendrían que ser sustituidos por personas honestas e independientes.
Tales reformas requieren, obviamente, que exista, al más alto nivel, una voluntad política favorable a los principios democráticos. Y aquí está el corazón del problema: Que el comandante en jefe, además de su gran poder, tiene una manifiesta animadversión ideológica hacia la democracia representativa. Quien lo dude debe releer la declaración de Ortega en La Habana, en abril del 2008. Dijo:
“…el pueblo cubano es el que elige a sus autoridades, sin la estridencia de las elecciones en las democracias burguesas impuestas por Occidente, son impuestas porque ahí están los yanquis, los europeos en una misma dirección. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de dominarnos… desde el momento que se propician partidos, se está propiciando la división de los pueblos… el pluripartidismo no es más que una manera de desintegrar a la nación, confrontar a la nación, dividir a la nación…”
Las políticas autoritarias de Ortega han sido coherentes con sus simpatías por el modelo castrista. Si tolera comicios o el pluripartidismo, o si hoy saluda a la OEA y a posibles reformas electorales es, exclusivamente, por temor a las sanciones internacionales. Aunque es alarmante que, a pesar de esto, sus operadores en el CSE hayan robado más de seis municipios en las recientes elecciones, como demostraron acta en mano los representantes de CxL.
El panorama no es pues alentador. La conducta e ideología de Ortega sugieren lo fuerte que tendrán que ser las presiones para obligarlo a respetar de verdad tanto el voto como la independencia de las instituciones, y el peligro, para la democracia, de que estas se esfumen, a menos, claro está, que el experimente una improbable conversión ideológica y abrace, genuinamente, el credo democrático.
Con todo, las dificultades actuales no deben ser pretexto para el abstencionismo o la apatía. La voluntad política de los dictadores puede ser ablandada, o modificada, si muchas voluntades, dentro y fuera del país, deciden luchar con firmeza y perseverancia por cambios que no sean cosméticos, tácticos o temporales, sino auténticas transformaciones que aseguren el respeto estable a la voluntad popular.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.