El 2 de diciembre de 2015 fue aprobada la Ley de Seguridad Soberana (Ley SS), en medio de las críticas de expertos en seguridad y opositores al Gobierno, quienes advertían que esta nueva legislación dejaría a discreción de Daniel Ortega y de los militares subordinados la aplicación de la ley con base en conceptos de “soberanía” y “seguridad”, y la consideración de “información reservada” para no explicar sus operativos militares.
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Dos años más tarde, los críticos y opositores confirman esa teoría con el caso de la matanza de La Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur, donde fueron asesinadas seis personas, entre ellos dos hermanos: un niño de 12 años, Francisco Alexander, y una adolescente de 16 años, Yojeisel Elizabeth Pérez Valle.
El 13 de noviembre, un día después del enfrentamiento militar donde murieron estas personas, el jefe del Sexto Comando Militar, coronel Marvin Paniagua, informó que los muertos pertenecían a una banda de delincuentes, pero alegó cuestiones de “seguridad” para no precisar las denuncias por los cuales les perseguían, ni ofreció detalles sobre los niños asesinados.
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La falta de información de parte del Ejército generó la crítica y la demanda de sectores de derechos humanos, la sociedad civil, sacerdotes y ciudadanos que se han pronunciado principalmente en las redes sociales demandando una respuesta respecto al asesinato de los niños, mientras los familiares denunciaron que el Ejército los perseguía y les preguntaba información sobre grupos armados con fines políticos.
El general en retiro Hugo Torres manifestó que este hecho se puede ver como “un crimen atroz” del que el Ejército prefiere no dar explicaciones, porque “fueron cogidos con las manos en la masa”. “Se van por la tangente diciendo que son asuntos de seguridad nacional y si son asuntos de seguridad nacional ya nadie más tiene que reclamar. Es un total absurdo”, dijo Torres.
Torres explicó que la Ley SS tergiversó la seguridad nacional, porque “pueden interpretar de cualquier manera, cualquier hecho, haciéndolo parecer como que atentaba contra la seguridad nacional y basta la palabra de ellos para que no se diga más. No se investiga, no interviene la Fiscalía, no hay ningún tipo de investigación, es la palabra de ellos y punto”. Según Torres, se está amparando en la Ley SS para justificar “acciones criminales”.
Anteponen la mano militar
El artículo 14 de la Ley SS establece que “las actividades del Sistema Nacional de Seguridad Soberana, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centro de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituye información reservada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 621”.
Los críticos de la Ley de Seguridad Soberana debatieron hace dos años que iba a dar funciones a los militares para “anticiparse” a posibles actos de “amenazas o riesgos” contra “objetivos” fundamentales del Estado, tal es el caso de narcotráfico, crimen organizado, traición a la patria, desestabilización, y otros conceptos, que, a criterio de los expertos, mezclan funciones de la seguridad pública con la defensa nacional y anteponen la mano militar a los asuntos del orden civil.
Derechos universales
Luis Molina, miembro de Coordinadora Civil, explicó que la Ley de Seguridad Soberana se creó para reprimir las protestas de demandas sociales, mencionando como caso emblemático la represión a las protestas de los campesinos, quienes están en contra de Ley del proyecto del Canal Interoceánico, porque afectaría sus tierras. Sin embargo, Molina consideró que ninguna ley nacional está por encima de los derechos universales de los civiles.
Sin justificación
“No hay límites para el régimen y las instituciones, aun las que realizaron procesos de profesionalización, están profundamente unidas al carro de una dinastía”, explicó este domingo la directiva del Movimiento de Mujeres (MAM), Azahálea Solís.
Solís lamentó el caso de la masacre de la Cruz del Río Grande, en el caribe sur de Nicaragua, donde seis personas fueron asesinadas el 12 de noviembre en un operativo militar, entre ellos dos niños.
“Se rompe la idea que no se mata, no se tortura, ni hay presos políticos, paradójicamente esto puede ser verdad, porque los matan. Se rompió el dique de la separación función policial y militar. Una persecución de fuerzas presuntamente delincuentes, le corresponde a la Policía hacerlo, no al Ejército”, criticó.
Adiós a principios legales
Solís dijo que tampoco se respetó el principio de inocencia y preguntó por qué estas personas fueron consideradas delincuentes, cuál era la investigación que se le seguía, cuáles fueron las pruebas.
Para la directiva del MAM, con lo realizado por el Ejército se pretende legitimar que es lícito matar delincuentes. “Aun en el supuesto que lo fueran ninguna autoridad tiene la función de matar delincuentes”, dijo tajante Solís.
La directiva del MAM rechazó que el Ejército no explicara las supuestas denuncias, contra los asesinados, argumentando razones de “seguridad”.
“¡No estamos en guerra! ¡No estamos en situación de restricción de derechos! ¡No tenemos amenazas de seguridad nacional! Pero aún así, ni siquiera en esos supuestos se puede alegar eso. Las autoridades deben informar”, instó Solís.
“¿No pudo el Ejército hacer contención?, ¿por qué? Esas son explicaciones que deben dar, deben decirlo por qué no pudieron hacer la contención. La adolescente (asesinada) está con su ropa desbrochada, ¿eso es propio de un combate? El orificio de entrada del niño,debería consultarse con un especialista, a mi parece que hay quemadura alrededor del círculo”.
