El portavoz de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), obispo Juan Abelardo Mata, aseguró que “es un delito de lesa humanidad ejecutar niños, so pretexto de combate con grupos armados”, expresó el jerarca católico al referirse a la acción del Ejército el pasado 12 de noviembre en La Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur del país.
El pasado 12 de noviembre se conoció que en un supuesto enfrentamiento contra tropas del Sexto Comando Militar Regional del Ejército en la comunidad San Pablo 22, municipio de La Cruz de Río Grande, murieron seis personas, entre ellas un niño de 12 años y una adolescente de 16 años, Francisco Alexander y Yojeisel Elizabeth Pérez Valle, respectivamente, quienes eran hermanos.
El jefe del Sexto Comando Militar, coronel Marvin Paniagua, informó un día después del supuesto combate que los muertos pertenecían a una banda de delincuentes dirigida por Rafael Pérez Dávila, conocido como Comandante Colocho, pero alegó cuestiones de “seguridad” cuando se le pidió precisar los delitos por los cuales se les perseguía. Tampoco ofreció detalles sobre los niños asesinados.
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LA PRENSA llamó este lunes al vocero del Ejército, coronel Manuel Guevara, para conocer más información del hecho, pero no hubo respuesta de parte del mando militar.
Mata: En Nicaragua no existe pena de muerte
El obispo Mata, quien se encuentra en El Salvador, fue contactado por LA PRENSA a través de las redes sociales y cuestionó el actuar del Ejército. Resaltó que en Nicaragua no existe la pena de muerte, asegurando además que la solución al problema de los grupos armados no es aniquilarlos.
“El Ejército no está fundado para hacer el trabajo de Policía Nacional. La solución al problema de los rearmados por motivos políticos no es aniquilarlos, sino atender los motivos por los cuales se han rearmado”, manifestó el prelado.
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Por otro lado, el también obispo de la Diócesis de Estelí recordó que el país tiene sus leyes para aplicarlas cuando se tienen pruebas de que las personas delinquen o actúan contra la ley.
“Si son grupos delincuenciales, hay que proceder conforme a las leyes de Nicaragua y por los órganos creados para tal efecto: Policía Nacional y la Fiscalía de la República. En Nicaragua no existe pena de muerte para que, a juicio de los que persiguen estos grupos ‘delincuenciales’, se les juzgue sin derecho a la defensa y se les ejecute”, cuestionó Mata.
Militares de la ejecución deben ir ante tribunales
A su vez, el vocero episcopal aseguró que quienes cometieron la ejecución deberían ser llevados ante los tribunales.
“Los hechores de este delito deben ser llevados a los tribunales, máxime que hubo dolo en su acto ejecutado, ya que ocultan los cadáveres para que las cosas se vean solo con la versión que ellos emiten oficialmente”, planteó.
Mata también se sumó a otras voces como la del arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, quien pidió el pasado domingo a la Comandancia General del Ejército que entregue los cadáveres de los niños a su madre Elea Valle.
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“Los cadáveres deben ser entregados a los deudos. Es lo mínimo de humanidad que pueden y deben hacer”, demandó el obispo Mata.
Voces insisten, pero gobierno calla
El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, y el obispo Silvio Fonseca asimismo se han pronunciado sobre este crimen ejecutado por el Ejército de Nicaragua.
“Exijamos respuestas al Ejército sobre los nicaragüenses muertos en La Cruz de Río Grande. ¿Por qué les dispararon? ¿Cómo se explica que entre los muertos haya dos niños y una mujer? ¿Por qué los enterraron en una fosa común?”, publicó monseñor Báez en su cuenta de Twitter.
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Por su parte, monseñor Silvio Fonseca, vicario de Familia, Vida e Infancia de la Arquidiócesis de Managua, manifestó que el Ejército está en “serio peligro” de ser calificado “como un Ejército asesino” si no aclara las circunstancias del criminal hecho.
Avilés obvia hecho
El jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés, a quien diversos sectores sociales, políticos y religiosos han pedido aclarar la actuación de la institución castrense, este lunes destacó el modelo de seguridad que vive el país, pero obvió la ejecución de seis personas.
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“En Nicaragua hemos vivido procesos complejos, pero hoy gozamos de niveles de seguridad, tranquilidad y paz admirados por otras naciones, lo que ha permitido el desarrollo sostenido de nuestra economía”, expresó Avilés, al conmemorarse el Día del Soldado de la Patria.
Renuncia a Comisión
El diputado del PLC, Maximino Rodríguez, renunció a seguir como presidente de la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional, al no haber logrado que se citará al jefe del Ejército, general Julio César Avilés, y a la ministra de Defensa, Martha Ruiz, para explicar la masacre en la comunidad San Pablo 22. Rodríguez notificó de su renuncia, este lunes, al presidente de la Asamblea, el sandinista Gustavo Porras, mediante una carta en la que expone que “en esa Comisión no existe interés en salvaguardar los derechos humanos de los nicaragüenses”. Además pidió dejar de ser miembro de la Comisión de Gobernación, aunque Rodríguez no pierde su condición de diputado.
