Moreno tomó la decisión de convocar por decreto una consulta popular con la que busca eliminar la reelección alegando que la Corte Constitucional, que tenía 20 días para decidir si aceptaba o no la consulta y sus siete preguntas, superó el tiempo establecido para pronunciarse. El mandatario había presentado la propuesta el 2 de octubre.
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“Porque es el derecho del pueblo, y porque me ampara el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, he enviado al CNE (Consejo Nacional Electoral) los Decretos Ejecutivos 229 y 230 convocando a la consulta popular. ¡Vamos por un SÍ rotundo!”, escribió Moreno en su cuenta de Twitter.
El CNE deberá definir la fecha para la consulta popular, que plantea además cesar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, un órgano creado por Correa para nombrar autoridades de control y electorales.
La secretaria jurídica de la presidencia, Johana Pesántez, encargada de presentar los decretos del gobernante ante la máxima autoridad electoral, precisó que transcurridos los 20 días sin una resolución se considera que el dictamen es favorable.
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“Lo que la Corte Constitucional en este momento realice ya no tiene validez alguna”, declaró a la prensa. La Corte Constitucional no se había pronunciado aún sobre la decisión de Moreno.
“Golpe de estado”
El expresidente Correa (2007-2017), que el sábado volvió a Ecuador desde su retiro en Bélgica, calificó de “golpe de estado” tanto el decreto de Moreno sin esperar al dictamen de la Corte como la consulta en sí. “Es un golpe de estado. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Van a retroceder el país 20 años. Volver a ese país de la coyuntura en función de intereses políticos”, aseguró en rueda de prensa en Quito.
Aliados en el pasado, el expresidente y su sucesor mantienen desde hace meses una ácida pelea por el control del partido Alianza País (AP), ahora dividido entre “correístas” y “morenistas”. Correa acusa a Moreno, que fue su vicepresidente entre 2007 y 2013, de aliarse con la oposición para desmontar su legado.
De aprobarse la eliminación de la reelección indefinida, aprobada en 2015 por el oficialismo, quedaría bloqueada una eventual candidatura de Correa para las presidenciales del 2021.
El exmandatario criticó también la pregunta que plantea el cambio de los integrantes en el Consejo de Participación Ciudadana y sugirió que el nuevo organismo será “una sucursal del Ejecutivo”.
“Van a poner a sus fiscales, a sus contralores para perseguirnos. Eso es todo, tratar de aniquilar a Correa”, denunció.
Otras preguntas de la consulta plantean la eliminación de la ley que imponía impuestos a la especulación inmobiliaria, reducir el área de explotación petrolera en la reserva amazónica protegida del Yasuní o restringir la minería en áreas protegidas.
Plazo vencido
Para el constitucionalista Juan Francisco Guerrero, la Corte Constitucional, aunque se ha “demorado más de lo necesario”, aún está dentro del margen establecido por la ley para emitir una resolución sobre la consulta, debido a que el plazo puede fraccionarse o suspenderse por un lapso.
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“Se sienta un precedente de que si la Corte no se pronuncia en determinado tiempo por arte de magia las preguntas se vuelven constituconales”, dijo a la agencia Afp Guerrero. Otros juristas concuerdan con la acción de Moreno y consideran que la Corte excedió el tiempo establecido para un dictamen.
Analistas coinciden en que la consulta es una suerte de termómetro que le permitirá a Moreno medir el apoyo popular y afianzarse en el poder.
Las diferencias entre Moreno y Correa, que empezaron con un cruce de críticas, insultos y reproches a poco de asumir el mandatario el pasado 24 de mayo, son ya irreconciliables y han provocado la ruptura de facto de AP, el poderoso movimiento en el poder desde 2007 y mayoritario en la Asamblea Nacional.
Ambos bandos han nombrado sus presidentes y sus directivas del partido, y los ‘correístas’ han convocado a una convención nacional el próximo 3 de diciembre, a la que asistirá Correa, desconocida por los ‘morenistas’.
