Para proteger la salud de sus habitantes y con ello el crecimiento de su economía, Estados Unidos publicó en septiembre de 2015 la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos (FSMA por sus siglas en inglés). Con ella pretende garantizar el ingreso de alimentos inocuos y nutritivos para evitar que 48 millones de sus habitantes se continúen enfermando anualmente como consecuencia de la ingesta de alimentos.
A partir de la publicación de dicha ley se fijó un plazo de entre uno y tres años para su entrada en vigencia, cuya aplicación depende del tamaño de la empresa exportadora.
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Teniendo en cuenta que Estados Unidos absorbe el 22 por ciento de las exportaciones de alimentos de los países de América Latina, y en el caso de Nicaragua compra cerca de cincuenta por ciento de sus exportaciones totales, es fundamental que las más de 140 mil empresas de la región que están certificadas para exportar a ese mercado y las que planean comenzar a hacerlo, adopten e implementen estas normas, dice Hugo Chavarría, del centro de análisis estratégico para la agricultura del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
“La migración, el tránsito de personas y las fronteras compartidas conllevan el riesgo de ser una vía de propagación de plaga y patógenos que directa o indirectamente pueden afectar la salud humana, la producción agrícola y la economía de los países y también al comercio internacional”, dice Ana Marisa Cordero, especialista en sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos del IICA.
Quieren evitar enfermedades
Estas condiciones, según la FDA provocan que cada año unos 48 millones de habitantes de Estados Unidos padezcan enfermedades causadas por la ingesta de alimentos y la nueva ley pretende reducir esa cifra.
La nueva norma se centra en cinco elementos básicos: la prevención que evite la adulteración intencional del alimento; la inspección, cumplimiento y respuesta en caso de emergencia; el aumento del número de inspecciones en las industrias y mayor acceso a sus registros; la obligación de los importadores de verificar que los proveedores cumplan los controles preventivos, y alianzas locales y extranjeras para el cumplimiento de las normas, detalla Cordero.
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El alcance de la ley incluye entre otras medidas la adopción de Buenas Prácticas de Manufactura Actuales (CGMP). De no cumplirse adecuadamente o cualquier descuido o error involuntario pueden provocar que ese mercado se cierre para el producto, no solo para la empresa responsable del incidente, sino en general a todo el producto proveniente del país donde se originó el problema, explican los especialistas el IICA.
Todos los miembros de la cadena deben involucrarse
Para el titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Orlando Solórzano las crecientes exigencias de calidad e inocuidad de parte de los consumidores, obligan a todos los miembros de la cadena agroalimentaria a comprometerse con el cumplimiento de estos requisitos.
Solórzano participó recientemente en el taller de capacitación sobre Buenas Prácticas de Documentación FSMA y sus Reglas Complementarias, desarrollado en Managua por el IICA con apoyo de los Fondos Regionales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), para la facilitación del Comercio Internacional.
La capacitación, impartida por especialistas de la Universidad Tecnológica de Texas, estuvo enfocada en estándares de productos frescos, controles preventivos de alimentos humanos, programa de verificación de proveedores extranjeros, estrategias de mitigación contra la adulteración intencional y transporte sanitario. Y entre los ochenta participantes había funcionarios de instancias gubernamentales vinculadas a la aplicación de estas normas, empresarios del sector agroexportador y académicos.
En 2016 de los 2,226 millones de dólares que Nicaragua obtuvo por sus exportaciones de productos, 943 millones (42 por ciento) los aportó Estados Unidos.
Entrada en vigencia
La Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos (FSMA por sus siglas en inglés), publicada en septiembre de 2015, estableció plazos diferenciados para su entrada en vigencia.
Empresas muy pequeñas tres años a partir de publicada la ley en 2015.
Empresas sujetas a la Ordenanza de Leche Pasteurizada (PMO), tres años después.
Pequeñas empresas, dos años. Para el resto de empresas, un año.