Recurriendo a una controvertida resolución judicial, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha allanado su camino hacia una tercera reelección y cuarto período presidencial.
El martes de esta semana, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, resolvió que los artículos de la Constitución que prohíben dos reelecciones seguidas no se deben aplicar a Evo Morales, porque violan sus derechos personales que están por encima de las restricciones constitucionales. Para sustentar su resolución, el TCP invocó el Artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Este artículo de la Convención establece que todos los ciudadanos tienen derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, así como de votar y ser elegidos. Pero no dice que el derecho de uno puede estar por encima de la voluntad de los demás. Y tampoco “contempla derecho a perpetuarse en el poder”, como señala el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al criticar la resolución del tribunal boliviano.
Almagro también ha recordado que el pueblo boliviano ya rechazó otra reelección de Morales en el referendo del 21 de febrero de 2016. En igual sentido, el expresidente boliviano Carlos Mesa aseguró que el fallo del TCP “destruye las garantías democráticas”, “desconoce la inalienable soberanía del pueblo” expresada en el referendo de 2016 y “somete a Bolivia al arbitrio del presidente Morales”.
Evo Morales está siguiendo el camino que abrió en 2006 el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, de acceder a la reelección por medio de una resolución judicial que modifica de hecho la Constitución. La misma vía espuria usó Daniel Ortega para justificar su reelección inconstitucional en 2011 y ha sido utilizada también por el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, para pretender reelegirse en las elecciones del domingo pasado.
El expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, dice en su libro La lucha por el poder. El poder o la guerra, que por los orígenes culturales de los nicaragüense en la historia nacional han proliferado individuos que quieren “atornillarse de por vida” en el poder. Lo cual es correcto en términos generales, pero esta pretensión es una perversidad política que se manifiesta en todas partes y en todas las culturas, y solo se puede erradicar con una sólida educación democrática e instituciones arraigadas.
Lo perverso de la reelección es que atenta contra una de las virtudes más importantes de la democracia, cual es la alternabilidad en el ejercicio del poder. “La reelección —dice el experto dominicano en derecho electoral, Julio Genaro Campillo Pérez, — ha sido utilizada frecuentemente por los gobiernos autocráticos (…) para perpetuarse en el poder a través de farsas electoreras, que vienen a cubrir los fraudes, las arbitrariedades y las acciones represivas a que recurren para lograr sus propósitos y así burlarse de los principios democráticos, que anuncian hipócritamente sostener y defender”.
Campillo no menciona a Nicaragua, pero es obvio que lo que ocurre en este país es el mejor ejemplo de lo que él dice.
