Después de tres meses que se publicara el decreto 15-2017, que eliminaba los estudios de impacto ambiental obligatorios para los proyectos de inversión, este miércoles se conoció el nuevo Sistema de Evaluación Ambiental que regirá al país y que, según el Gobierno, pretende agilizar trámites y proteger el medioambiente.
Entre las principales novedades del documento, está que se acortaron los plazos para que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) emita su resolución de permisos y autorizaciones ambientales, y se ampliaron las categorías de proyectos, y se incorporaron otros.
En algunos casos, los plazos se acortaron en más de cincuenta días respecto a la tramitología anterior.
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Por ejemplo, los proyectos que abarca la categoría dos, que incluye la construcción de subestaciones eléctricas o proyectos de explotación de minería no metálica con un volumen de extracción superior a 600 metros cúbicos por día, deberán tener una respuesta en 45 días hábiles.
Mientras que con el sistema anterior para la emisión de la resolución disponían de un plazo máximo de 120 días hábiles para hacer la revisión técnica necesaria.
Respecto a las nuevas categorías, pese a que se hizo una ampliación de estas (son cinco, antes eran tres), el ambientalista Jaime Incer Barquero explicó que en el decreto anterior 76-2006, Sistema de Evaluación Ambiental, que fue derogado por el 15-2017, en su conjunto contemplaba todas las condiciones para la protección del medioambiente.
El decreto 20-2017, Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales, fue publicado en el Diario Oficial, La Gaceta número 228, este miércoles 29 de noviembre.
Incer Barquero consideró que el nuevo documento “(…) permite seguir abusando de un manejo insostenible de los recursos (naturales) en beneficio de determinados intereses, dentro del cual el Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada) tiene responsabilidad (…)”.
Lo que dice el Cosep
Al respecto, José Adán Aguerri, presidente del Cosep, explicó que con el nuevo documento se buscaba compatibilizar el desarrollo económico con el cumplimiento de las normativas.
Y respecto a la crítica realizada por organizaciones ambientalistas sobre la eliminación de los EIA, sostuvo: “habían indicado que nosotros, los del sector empresarial, queríamos (que) no hubiera este sistema, para que nosotros pudiéramos explotar sin discriminación los recursos naturales de este país (…), y que ahora se den cuenta de que esa aseveración era una aseveración falsa y que de alguna manera sigue siendo nuestro compromiso; un compromiso con el medioambiente. Esto debe de asegurar esa compatibilización del desarrollo económico, ese cuido del medioambiente y el desarrollo social”.
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También explicó que el nuevo documento les permite hacer un proceso mucho más ágil de lo que se estaba haciendo.
Agregó que cada formulario que incluye la normativa fue revisado minuciosamente para que no existieran contradicciones a futuro.
“Se ha trabajado para asegurar que exista esa homogeneización de normativas, procedimientos, requisitos técnicos, licencias permisos”, sostuvo.
Incer cuestiona
De acuerdo con el ambientalista Jaime Incer Barquero, esa legislación (el decreto 15-2017) se hizo “a propósito de favorecer intereses espúreos que van en contra del buen manejo de los ecosistemas y en perjuicio de la población, porque quienes van a pagar los platos son los que viven en esos lugares, que van a quedarse sin agua, sin bosque, y que van a quedar expuestos a que en una de esas lluvias les caiga encima toda una montaña”. Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada aseguró que es el resultado de un trabajo con las autoridades correspondientes.
45 días hábiles es el plazo mayor que tiene el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) para emitir una resolución respecto a un proyecto de inversión, según su clasificación.
