Para el promotor del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) Fleder Flores, el juicio contra los diez ciudadanos de El Limón, Jalapa, miembros del partido opositor Ciudadanos por la Libertad, “es a todas luces político y parcializado a favor del Ministerio Público desde el inicio del proceso, el mismo que debió judicializarse en Jalapa y no en Ocotal”.
Según el promotor de Derechos Humanos, las normas procesales hablan de un juez natural, que en palabras simples es que el juez encargado de una causa sea el mismo asignado en el lugar donde ocurrieron los hechos.
Y en este caso, los acontecimientos fueron en El Limón y la causa debió haberla visto el juez del Juzgado Local Penal de Jalapa, insistió Fleder Flores, quien a su vez consideró que “el proceso desde que inició es irregular e injusto”.
Después de diez horas continuas, por cansancio, la jueza Local Penal de Ocotal, Daniezka Padilla, decidió suspender a las 12:30 de la madrugada el juicio que por delito electoral y daños a la propiedad en perjuicio de la Escuela Salomón de la Selva, contra diez personas de la comunidad El Limón, en el municipio de Jalapa.
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Este miércoles, el juicio logró avanzar con las declaraciones de 12 testigos civiles incluidos por el Ministerio Público en el proceso. Fue en el momento que el turno le tocaba al testigo número 13, presuntamente oficial de la Policía Nacional, que la jueza decidió por cansancio suspender la sesión y trasladarla para este viernes a partir de las 8:00 de la mañana en el Juzgado Local Penal de Ocotal.
La defensa incluirá otros 13 testigos, que podrían empezar a declarar este viernes. Sin embargo, el juicio podría extenderse por más tiempo debido a la inspección que la judicial hará en el lugar de los hechos, a solicitud de las partes.
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Los procesados presuntamente son miembros del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) que el pasado 5 de noviembre a eso de las 7:00 de la noche irrumpieron en el Centro de Votación ubicado en la escuela de El Limón, quemando material electoral y destruyendo parte de la infraestructura escolar que el Mined valoró en medio millón de córdobas. En el exterior de los juzgados, al igual que en la audiencia preliminar e inicial, permaneció un fuerte dispositivo policial en protección del edificio.