Elea Valle, la madre campesina que reclama los cuerpos de dos menores de las seis personas fallecidas tras una operación militar en San Pablo 22, La Cruz de Río Grande, Caribe Sur, sostiene que el Ejército no enterró los cuerpos en una fosa común, pero fue quien dio la orden.
Valle repite lo que en ese momento le dijeron los lugareños, que el Ejército de Nicaragua fue el que entregó los cuerpos a líderes religiosos del lugar y ordenó que los enterraran “en un solo hoyo”.
“La comunidad me dijo que (el Ejército) se los había entregado a los pastores y a los delegados (de la Palabra de Dios) y si acaso iba a llegar la familia (de los muertos), que los llamaran para que llegaran a verlos, que los iban a enterrar. Entonces (los de la comunidad) les preguntaron (a los del Ejército) que si daban permiso de hacer ataúd (y los militares) dijeron que no, que así los enterraran en un solo hoyo”, reiteró este jueves Valle.
Declaraciones de jefe militar
El miércoles pasado se conoció un video transmitido por Notivos, del Canal 14 VosTV , en el que el jefe del Sexto Comando Militar Regional, coronel Marvin Paniagua, reiteró: “Nosotros no hemos hecho fosa, no hemos enterrado a nadie”.
Sin embargo, la versión ofrecida este jueves por Valle es la misma que ha declarado en reiteradas ocasiones desde la primera ocasión en que denunció el caso a LA PRENSA.
Le puede interesar: Ejército afirma que entregó a la Policía los cadáveres de masacrados
Igual lo expuso el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que a su vez, lo plasmó en una denuncia escrita dirigida a la jefa de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera; el jefe del Ejército, general Julio César Avilés y a la fiscal general de la República, Ana Julia Guido.
En esa ocasión el Cenidh les indicó en el escrito que “la señora Valle nos refirió que en una llamada le dijeron (alguien de la comunidad): ‘Me pesa, madre, decirle (…), ha sucedido algo, le asesinaron a sus dos niños (… ); ahí fueron asesinados (…) murieron cuatro de los alzados en armas y los dos niños suyos, a sus hijos los agarraron vivos y luego los asesinaron”.
Y les añade el Cenidh, que según les denunció Valle en el trayecto, ella recibió varias llamadas telefónicas de personas de la comunidad, una de las cuales le comunicó, a eso de las 3:00 p.m. del lunes 13 de noviembre, que “el Ejército había entregado los cadáveres con la orden que los sepultaran a todos en una fosa, sin reconocimiento médico forense, la señora Elea les pidió que la esperaran; casi a las 7:00 de la noche llegó al lugar y, según su testimonio, se encontró con una escena dantesca”.
Sobre la supuesta entrega de los cadáveres a la Policía Nacional para que realizara una investigación, como aseveró el coronel Paniagua, Valle manifestó que así dicen, que estaba la Policía, pero el día que ella llegó al lugar solo vio al Ejército cuando los encontró (a los soldados) en el camino.
Lea además: FSLN se alinea con el secretismo del Ejército sobre masacre en La Cruz de Río Grande
Tras 18 días de ocurrido el hecho sangriento, Valle mencionó que habitantes de la comunidad San Pablo 22 la han llamado y “me están diciendo que están a la espera que cuándo voy a llegar”. Pero ella dice que sola no llegaría, pues teme por su vida, “me pueden dejar entrar (a la comunidad), pero ya no salgo (…), yo les tengo miedo, esa gente (los soldados del Ejército) son asesinas”.
Valle insistió en pedir la colaboración de la sociedad, así como la de los alcaldes, que la respalden para que le permitan sacar los cuerpos de la fosa común donde quedaron, así como las cajas para darles cristiana sepultura a sus dos vástagos Francisco Alexander y Yojeisel Elizabeth Pérez Valle, de 12 y 16 años, respectivamente.
“Una racha de mentiras”
El director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, expresó que “desde la masacre misma, que la admite el Ejército, con su escueta información, comenzó una racha de mentiras”.
Carrión consideró que “es vergonzoso” escuchar declaraciones 18 días después del hecho, como las que ofreció Paniagua, que a su criterio, si con ello pretenden “lavarse la cara lo que hacen es embarrarla más, ellos son los que mataron a seis personas, incluyendo a los niños”.
Lea también: FSLN usa su control en la Asamblea para proteger al Ejército
El defensor de derechos humanos criticó que el Ejército, a través del jefe del Sexto Comando Regional Militar, trate de culpar a otros “en campañas de empañamiento, en campañas de desprestigio”, como lo hizo durante una reunión con productores en Río Blanco, Matagalpa, al acusar a algunos medios de comunicación de manipular la información.
“La campaña y lo sucio es la masacre”, apuntó el abogado del Cenidh, quien preguntó: “¿Quién se va a poder quedar indolente, en silencio con seis muertos y de la manera en que los mataron y que además no han dicho cómo los mataron?”.
Carrión cuestionó que con las aseveraciones como las de Paniagua, las autoridades del Ejército “pretenden cambiar los roles”, cuando toda la oficialidad involucrada en esta operación debería estar siendo sometida a investigación, pues recordó que la sociedad tiene derecho a conocer la verdad de lo que allí sucedió.
Policía continúa callada
Pese a que el jefe del Sexto Comando Militar Regional, coronel Marvin Paniagua, aseguró que entregó los cuerpos de seis personas en La Cruz de Río Grande, para que realizaran las investigaciones y además de una denuncia escrita presentada sobre el caso por el Cenidh junto con Elea Valle, la Policía siguió guardando silencio.
Lea además: Daniel Ortega calla ante la masacre de la Cruz de Río Grande
La vocera de la Policía Nacional, comisionada mayor Vilma Rosa González, ofreció conferencia este jueves para informar sobre el plan de seguridad en el campo y las acciones emprendidas durante la semana del 23 al 29 de noviembre, pero no se refirió al caso de La Cruz de Río Grande.
Según la nota publicada en el sitio oficial de la institución, la vocera policial dijo que los uniformados redoblan esfuerzos para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población. “La Policía Nacional se compromete a seguir resguardando la seguridad de las zonas rurales del país, bajo el modelo de protección a las personas, familias y comunidades”, sostuvo González.