Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional, para su aprobación con trámite de urgencia, un proyecto de ley que declararía patrimonio histórico y cultural de Nicaragua, la festividad religiosa de la Virgen María y la Virgen del Trono, así como la celebración popular mariana de la Gritería. Esto significa que a partir de la aprobación de dicha ley, el culto religioso católico de la Virgen María sería pertenencia del Estado.
Se entiende por patrimonio histórico —según wikipedia— el “conjunto de bienes, tanto materiales como inmateriales, acumulados a lo largo del tiempo. Estos bienes pueden ser de tipo histórico de diversa índole, artístico (arquitectónico, escultórico, etc.), paleontológico, arqueológico, etnográfico, documental, bibliográfico, científico o técnico, así como sitios naturales o parques, que por su ecosistema o valor histórico deban ser protegidos”.
En cuanto al patrimonio cultural, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), lo define como “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes—, que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”.
Patrimonio histórico es, de hecho, lo mismo que patrimonio cultural, por lo cual este último término es el que se usa internacionalmente de manera oficial, y cuando se trata de un bien cultural de valor e interés mundial se le llama patrimonio de la humanidad.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, cardenal Leopoldo Brenes, reaccionó a la mencionada iniciativa de ley en una declaración a LA PRENSA, diciendo que la Gritería “es uno de los aspectos de la cultura, que son propios de Nicaragua”, pero el culto a la Inmaculada Concepción de la Virgen María es una fiesta litúrgica de la Iglesia católica a nivel mundial y no le puede pertenecer a un país determinado.
“Creo que sería bueno conocer lo que hay por detrás del decreto, porque honestamente no lo conozco”, reflexionó el cardenal Brenes, indicando así que el episcopado no fue consultado por el régimen antes de elaborar y presentar la mencionada iniciativa de ley, lo cual constituye, a nuestro juicio, un irrespeto a la Iglesia católica de Nicaragua.
El régimen orteguista es un sistema de poder totalitario, con fachada de democracia y autonombrado cristiano. Como totalitario que es quiere controlar todo lo que se hace en el país. Ya estatizó de hecho la celebración de la Gritería, convirtiéndola en un festival político de las diversas dependencias gubernamentales y las organizaciones de base del FSLN y ahora quiere apropiarse de los sentimientos religiosos de los nicaragüenses.
La neutralidad religiosa del Estado es indispensable para la libertad de religión. El Estado debe garantizar esa libertad y facilitar la práctica de los cultos religiosos, pero eso no significa tutelarlos. Asimismo, la neutralidad religiosa del Estado es también garantía del respeto a la independencia e integridad de la Iglesia católica y demás instituciones eclesiales de Nicaragua.
