La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, lamentó y consideró este viernes una vergüenza para el país que un gobierno extranjero sea el que tenga que llamar la atención sobre la corrupción en Nicaragua, en alusión a la solicitud de congresistas y senadores estadounidenses al gobierno de Donald Trump para aplicar la Ley Global Magnitsky Human Rights Accountability al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, y al vicepresidente de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), Francisco López.
Rivas y López son allegados al presidente designado por el CSE, Daniel Ortega, a quienes señalan de supuestas violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción y actividades ilícitas.
Ausencia de controles
Núñez explicó que Estados Unidos no debería aplicar a otros países sus leyes, pero consideró que esto ocurre por la “ausencia total” de controles e investigaciones contra la corrupción en Nicaragua”.
Para el politólogo José Antonio Peraza, esta nueva iniciativa de los congresistas y senadores estadounidenses significa que Nicaragua está en el radar de Estados Unidos por el tema del irrespeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, fraudes electorales y violaciones a la legalidad.
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Peraza agregó que esto también prueba que para “dañar a Nicaragua” no se necesita la Nica Act”, que es una iniciativa de ley que está en proceso de aprobación en el Congreso de Estados Unidos, y que implicaría sanciones a Nicaragua por la falta de transparencia electoral, la destrucción de la institucionalidad y las violaciones a los derechos humanos.
Todos serán investigados
El exdiputado y opositor político Eliseo Núñez Morales explicó que las investigaciones al vicepresidente de Alba de Nicaragua (Albanisa) “pondrá en primera fila a toda la red con la que se ha relacionado a través de las empresas de Albanisa y a través de sus relaciones personales”.
“Es una llave que abre la posibilidad de una investigación a mucha gente en Nicaragua”, advirtió Núñez Morales.
Bajo control presidencial
La cooperación venezolana ha sido manejada por la familia presidencial directamente. Mientras Ortega está a la cabeza de la administración de la renta petrolera, que ha disminuido al ritmo de la crisis venezolana, Francisco López dirige Albanisa por órdenes del primero. La empresa se ha convertido en un actor importante en la generación de energía.
Solicitud a Donald Trump
Seis congresistas y cuatro senadores estadounidenses (republicanos y demócratas) enviaron este viernes una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que solicitan adoptar medidas inmediatas para investigar, a través de la Ley Global Magnitsky Human Rights Accountability, al presidente del CSE, Roberto Rivas, y al vicepresidente de Albanisa, Francisco López.
Los legisladores recomiendan hacer un escrutinio a Albanisa, filial de PDVSA, que actualmente enfrenta sanciones de Estados Unidos por corrupción.
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La iniciativa conocida como Ley Magnitsky autoriza al presidente de Estados Unidos imponer sanciones como cancelar las visas, congelar bienes y activos a personas extranjeras responsables de graves violaciones de los derechos humanos y a funcionarios de gobierno y asociados que hayan participado en actos de corrupción significativa.
Violación a los DD.HH.
Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, explicó que la corrupción es fuente de violaciones a los derechos humanos, “porque por ocultar actos de corrupción se priva de acceso a la justicia, se niega el derecho a la justicia”. Núñez valoró que esta crítica de Estados Unidos a la corrupción nicaragüense deja al país “mal parado” ante la opinión pública internacional y consideró que esto echa a perder los esfuerzos que “algunos sectores pudieran hacer para mantener el prestigio de Nicaragua en alto”.
