Veinticinco días se cumplieron este viernes de la muerte de siete personas, en diferentes partes del país, por la violencia electoral que se produjo horas después de concluidas las votaciones municipales del pasado 5 de noviembre. La inacción de las instituciones judiciales y la indiferencia del presidente designado Daniel Ortega, alrededor de estos asesinatos, hacen creer que “al Gobierno no le importan las vidas de estas personas”, opinó Óscar Castillo, doctor en Derecho.
Estas siete personas murieron en medio de confrontaciones originadas por la falta de transparencia electoral, las irregularidades en el proceso de votaciones y el control del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la estructura electoral. También, dos partidarios de Ciudadanos por la Libertad (CxL) fueron asesinados a balazos por los sandinistas, cuando celebraban el triunfo de ese partido opositor.
Las denuncias interpuestas por los partidos opositores y las familias de los asesinados no han sido atendidas por las instituciones correspondientes.
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El único reconocimiento oficial de estas muertes se dio tres días después de las votaciones, cuando Ortega ofreció un discurso en el que minimizó el tema.
Fiscalía y Policía debían actuar de oficio
El doctor Castillo explicó que la Policía y la Fiscalía tenían que actuar de oficio para tramitar las investigaciones alrededor de las muertes.
Ante el silencio del Estado, Castillo dijo que solo puede deducir que “al Gobierno no le interesa ni le importa la vida de estas personas”.
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“Los familiares de las víctimas, entiéndase padres, hermanos, hijos de las víctimas, debieron haber puesto las denuncias correspondientes. Si esas denuncias están en la Fiscalía o en la Policía, ya debió haber iniciado la investigación, y la Policía también ya debió haber aportada las suficientes pruebas o elementos de convicción, para que la Fiscalía pueda hacer las acusaciones”, dijo Castillo.
Juicios contra opositores
Los procesos judiciales que se están desarrollando después de las votaciones municipales y relacionados con el tema electoral son en contra de militantes de los partidos opositores que protestaron por las irregularidades en el proceso electoral.
Castillo explicó que el contexto electoral y las circunstancias alrededor de los juicios a los opositores hacen de este proceso un juicio político, porque el conflicto lo originó la negación de un derecho.
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“Es interesante ver que cuando se trata de exigir derecho al Estado por violaciones a derechos constitucionales, como el caso electoral, las personas terminan siendo tratadas como delincuentes. Y cuando se trata de personas que murieron por reclamar estos mismos derechos, no le interesa al Gobierno investigar sus muertes”, manifestó Castillo.
Los siete muertos de las votaciones
Elías Pineda Blandón, fiscal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el municipio de Wiwilí, Jinotega, fue asesinado de un disparo en la cabeza en medio de la confrontación entre liberales y sandinistas, porque estos últimos no reconocieron los resultados a favor del PLC.
Chando Smith Gadea, del partido indígena Yatama, y Brusli Spelman Chow, del FSLN, murieron en medio de la confrontación porque el partido indígena Yatama no reconoció los resultados electorales en el municipio de Sandy Bay, ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS).
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Gary Stevens Miguel Kitle, de Yatama, sufrió heridas de gravedad en la confrontación con los militantes sandinistas, en el municipio de Bilwi, cabecera de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN). Murió un día después de las votaciones, esperando ser trasladado a Managua.
Wilder Rivera Moreno y Alejandro Aguilar Herrera, militantes de Ciudadanos por la Libertad (CxL) en San Sebastián de Yalí (Jinotega), fueron asesinados a balazos por militantes sandinista cuando celebraban el triunfo de su partido.
También se reportó una persona muerta en Waspam, por la violencia electoral.
25 días se cumplieron este viernes desde la celebración de las votaciones municipales, en las que hubo siete muertos.
