El Gobierno venezolano aseguró esta semana tener más de 3,000 millones de dólares “bloqueados en el sistema financiero mundial” por las sanciones financieras dictadas en agosto por Estados Unidos contra la Administración de Nicolás Maduro por su supuesta deriva totalitaria.
La cifra la dio a conocer el canciller venezolano, Jorge Arreaza, durante una reunión con los acompañantes internacionales para los comicios municipales del domingo, una cita electoral que el oficialismo considera una prueba de la buena salud democrática del país, pese a que el grueso de la oposición ha boicoteado estas votaciones.
Arreaza criticó “la coordinación absoluta entre la política imperialista antidemocrática de la Administración de EE.UU. contra la democracia venezolana y sus aliados en este momento”, en referencia a la Unión Europea (UE) y Canadá, que han aplicado sanciones contra Caracas.
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La UE ha impuesto además un embargo de armas y material susceptible de ser usado para reprimir a la población contra Venezuela, y no descarta tomar más medidas contra el Gobierno chavista. Por su parte, Canadá ha aprobado varias rondas de sanciones individuales contra altos cargos venezolanos.
Venezuela ha experimentado en las últimas semanas dificultades para cumplir a tiempo con sus compromisos de deuda externa y de la de su petrolera estatal, PDVSA.
El Gobierno de Nicolás Maduro culpa de ello a las sanciones de Estados Unidos y a los crecientes controles que la banca internacional aplica a las transacciones procedentes del país caribeño.
Los retrasos en el pago han llevado a varios actores del sistema financiero internacional a declarar en “default” o suspensión de pagos a PDVSA.
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Estados Unidos decidió tras la instauración en Venezuela de una Asamblea Nacional Constituyente -que tanto Washington como Ottawa y Bruselas ven como antidemocrática- prohibir a sus empresas y ciudadanos negociar con capital y deuda nuevos emitidos por el Gobierno chavista y por PDVSA.
Los principales tenedores de bonos venezolanos son estadounidenses.
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