Ambiente «manos arriba» ante aprobación de decreto ambiental y de aguas residuales

El país cuenta con unas 35 plantas de tratamiento para aguas residuales, las cuales no reciben el mantenimiento debido, y con ello, ponen en riesgo la “salud” de los cuerpos de agua del país

Pobladores se quejan de la basura en un cauce que pasa por varios barrios de Managua. LA PRENSA/ARCHIVO

En menos de una semana, el Gobierno ha publicado dos decretos que regulan la protección del medioambiente en el país; sin embargo, han sido criticados por las nuevas normas impuestas debido a su flexibilidad ante el cuido ambiental.

Tras la aprobación del decreto 20-2017, Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales, se publicó el decreto 21-2017, reglamento en el que se establecen las Disposiciones para el Vertido de Aguas Residuales.

De acuerdo con Ruth Herrera, expresidenta de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), con el primer decreto se le quitó la rigidez a los estudios de impacto ambiental debido a que se acortaron los tiempos de respuestas de las resoluciones que debe emitir el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena).

Y con el segundo decreto, “les están abriendo (dueños de industrias) las puertas para terminar las pocas aguas que nos quedan”, sostuvo.

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En el segundo documento, que fue publicado el jueves 30 de noviembre en La Gaceta, solo un día después del primero, se han flexibilizado los parámetros permitidos para el vertido de aguas residuales en los cuerpos receptores por parte de algunas industrias, según el análisis del ingeniero químico Mario Zapata Bustamante.

“Es toda una política antiambiental, en contra del medioambiente (y) a favor de la generación de la riqueza”, sostuvo Herrera.

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El primer decreto ha sido duramente criticado por parte de la comunidad ambientalista, pues consideran que está enfocado en brindar mayores beneficios al sector privado, como ha expresado, en muchas ocasiones, el ambientalista Jaime Incer Barquero.

Revisar plantas de tratamiento

Herrera explicó que en la gestión de aguas residuales el país está aplazado, tomando como un factor clave que a nivel nacional existen alrededor de 35 plantas de tratamiento para las aguas servidas, es decir, estas plantas solo están en algunas ciudades, dejando desprovistas otras zonas.

Según estimación de Herrera, se debería de tener por lo menos unas setenta plantas de tratamiento para el manejo de aguas residuales.

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A este problema de déficit se debe agregar que las pocas plantas de tratamiento que existen no reciben el mantenimiento adecuado, de manera, es necesario hacer un análisis para determinar el estado de las aguas tratadas, las cuales caen en lagunas y ríos del país, puesto que podría aumentar la contaminación que se tiene a nivel del recurso hídrico.

Asimismo, Herrera destacó que falta educar a la población, ya que no tiene reparo en verter cualquier tipo de cosas en el alcantarillado.

Estudiar cuerpos de agua

Según la extitular de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), Ruth Herrera, es necesario que se realice en el país una evaluación del estado de los cuerpos de agua para conocer cuáles son las condiciones actuales, tomando en consideración que existe un nuevo decreto que ha emitido parámetros flexibles para el vertido de aguas residuales sobre los cuerpos receptores. Estas nuevas disposiciones son muy peligrosas, considera Herrera, y se necesita que las personas involucradas en el tema estudien el reglamento para evaluar su impacto.

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Mensaje de ACN

Al cierre de este año, la Academia de Ciencias de Nicaragua, mediante un mensaje, expone dentro de sus preocupaciones el deterioro del ambiente, lo cual causa mucha inquietud en la población por su impacto en la naturaleza y la sociedad. Asimismo, refiere que “la situación ambiental empeora por una equivocada comprensión del desarrollo que lo equipara con crecimiento económico, sin tomar en cuenta los impactos ambientales y sociales”. La ACN también se había pronunciado sobre la necesidad de derogar el decreto 15-2017, que fue criticado por eliminar los estudios de impacto ambiental.