La ausencia de un proceso claro de consultas a comunidades para la aprobación de proyectos de inversión, más una cuota mayor de decisión sobre el pase de un proyecto por parte del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), es parte de lo que prevalece en el nuevo Sistema de Evaluación Ambiental.
Dichas consideraciones responden a un análisis del Centro Humboldt sobre el nuevo documento que, según el director de dicha organización ambiental, Víctor Campos, “(…) flexibiliza la entrega de permisos ambientales para actividades potencialmente nocivas para el medioambiente”.
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Una de las actividades a las que se refiere Campos es la minera, que se incluye en la categoría tres: explotación de minería no metálica con un volumen de extracción inferior a los seiscientos metros cúbicos por día, además de proyectos de infraestructura portuaria donde se cargue, descargue y almacene agroquímicos y otras sustancias tóxicas peligrosas.
Al respecto, los procesos de consultas necesarios para esta categoría y lo que corresponde a proyectos en la categoría uno no están claros, pero sí es necesario que se considere el consentimiento previo, libre e informado, que significa explicarle a las posibles personas afectadas sobre el impacto de determinada iniciativa de inversión, y que puedan brindar su posicionamiento al respecto.
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En general, Campos expresó que “este es un decreto permisivo, al final, es la facilitación de la inversión, dejando en segundo plano los intereses nacionales”.
A la vez, mencionó que las organizaciones ambientalistas van a estar pendientes ante cualquier evento y así acusar cualquier delito ambiental como resultado de estas nuevas disposiciones, que están vigentes desde el pasado 29 de noviembre.
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