Francisca Ramírez y Mónica López denuncian campaña del gobierno

Presentaron denuncia ante el Cenidh, donde explicaron que agentes del gobierno están promoviendo acciones para difamarlas y dividir el movimiento anti-canal.

Francisca Ramírez y Mónica López Baltodano denuncian campaña difamatoria e intimidatoria. LA PRENSA/L. Álvarez

Francisca Ramírez y Mónica López Baltodano denuncian campaña difamatoria e intimidatoria. LA PRENSA/L. Álvarez

La líder campesina anti-canal Francisca Ramírez y la abogada y defensora de derechos humanos Mónica López Baltodano, denunciaron este lunes una campaña en su contra de difamación e intimidación, de parte del Gobierno de Daniel Ortega, con el objetivo de «golpear la unidad, debilitar y desarticular al movimiento campesino anti-canal».

Documento difamatorio

Según la denuncia, agentes del oficialismo han hecho circular un documento entre los campesinos anti-canal, donde hacen ver a Ramírez y a López como «infiltradas en la lucha canalera». A Ramírez la describen como una excocinera del ejército popular sandinista, quien, según el documento, se negaba a integrar la organización campesina anti-canal, pero que recibió la “misión” de integrarse para destacar como líder con la ayuda de López.

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Ramírez es una campesina de Nueva Guinea que se dio a conocer en 2014 por su liderazgo en la lucha contra la Ley del proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua. López Baltodano es la asesora legal de los campesinos agrupados en el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía.

Ambas se presentaron esta mañana ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), donde explicaron que «desde hace varios meses el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han arreciado una agresiva campaña difamatoria e intimidatoria, cuyo eje central es querer presentarnos como ‘infiltradas’ en el movimiento campesino y como ‘agentes’ de una conspiración a favor del orteguismo. Pretenden provocar confusión, desaliento y sobre todo, crear hostilidad en nuestra contra».

Según la denuncia pública, la campaña en contra de Ramírez y López «ha incorporado el uso de agentes del gobierno y de algunos de sus aliados políticos en los territorios de la ruta canalera, quienes promueven diversas acciones que incluyen: divulgación de documentos difamatorios».

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«Denunciamos que el propósito es golpear la unidad, debilitar y desarticular al movimiento campesino anti-canal, generando desconfianza y situaciones de crisis entre sus líderes. Pretenden ante todo, desprestigiar y debilitar el principal liderazgo y símbolo de la lucha campesina: doña Francisca», expresa la denuncia pública.

También manifestaron que con esa campaña de difamación e intimidación «pretenden crear diversas condiciones favorables para una agresión a nuestra integridad física». Ramírez y López responsabilizan «al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de cualquier cosa que pueda sucedernos».

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La demanda por la derogación de la Ley 840 ha llevado a los campesinos a realizar casi 94 marchas en varias localidades del país. La más importante fue la del 27 de octubre de 2015, cuando los campesinos realizaron un recorrido multitudinario hacia Managua desde lejanos municipios del norte del país. Aunque lograron llegar a la capital, no pudieron terminar su protesta frente a la Asamblea Nacional, por impedimento de la Policía y motorizados armados, enviados por el gobierno de Ortega, que promueve la obra como la vía del país para salir de la pobreza.

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