Madre del migrante camerunés se esfuma sin dejar rastro en Managua

Madre del migrante camerunés se esfuma sin dejar rastro en Managua

Migración mantenía retenida ilegalmente a la camerunesa Atanga Mary Frinwie y ahora ninguna autoridad informa de ella

12/12/2017

En menos de 12 horas, la camerunesa Atanga Mary Frinwie desapareció del hotel donde estaba hospedada en Managua sin dejar rastro ni contestar las llamadas a su celular. La extranjera estuvo retenida a la fuerza el fin de semana por empleados del Ministerio de Gobernación, quienes le impedían su libre movilización por el país.

“Nicaragua es libre y soberana, y decide sobre los nacionales y los extranjeros cómo y dónde se pueden mover”, fue la excusa dada por un empleado de Gobernación.

LA PRENSA visitó este lunes el hotel donde hasta el domingo pasado se hospedaba Frinwie junto a su acompañante Tchamani Joseph Magloire, pero la gerente general del negocio (quien no quiso brindar su nombre) aseguró que se había retirado desde el mismo domingo, como a las 5:00 p.m., es decir, poco tiempo después de hablar con LA PRENSA.

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La extranjera entró al país el 4 de diciembre de 2017, para reclamar el cadáver de su hijo Mbang Atanga Azehfor, migrante ilegal que fue asesinado a tiros por el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional el pasado 29 de septiembre en el puente Las Lajas, en Rivas.

La ciudadana extranjera, lejos de recibir explicaciones por la muerte de su vástago, fue encerrada en un cuarto del hotel capitalino donde estaba hospedada en Bolonia sin permiso de salir a buscar comida ni cambiarse de hotel, según logró manifestar a LA PRENSA la denunciante el fin de semana.

Lo último que hizo la africana este domingo fue responsabilizar a las autoridades de Nicaragua, por si algo le ocurría a ella y a su acompañante Tchamani Joseph Magloire.

migrante asesinado, Ministerio de Gobernación

Los cameruneses Atanga Mary Frinwie y Tchamani Joseph Magloire denunciaron que funcionarios del Ministerio de Gobernación les impiden su libre movilización.
LA PRENSA/MANUEL ESQUIVEL

Víctimas de secuestro simple

Según la legislación nicaragüense, los ciudadanos cameruneses Atanga Mary Frinwie y Tchamani Joseph Magloire fueron víctimas de secuestro simple, delito contemplado en el artículo 163 del Código Penal de Nicaragua, que castiga a la persona que “sustraiga, retenga u oculte a una persona contra su voluntad”. Esta acción tiene de tres a seis años de prisión y de 100 a 300 días multa.

“Eso fue un secuestro en materia penal porque el único autorizado para retener y detener a una persona es la Policía Nacional, por otro lado, en dependencia de su estatus migratorio existen procedimientos administrativos regulados en la ley para restringir la libre locomoción de un extranjero que permanezca de forma ilegal en el país, pero tengo entendido no es el caso”, dijo el abogado Nelson Cortez.

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Además, el abogado explicó que existe circunstancia agravante en el caso porque la retención la realizó “una autoridad, funcionario o empleado público prevaliéndose del ejercicio de su cargo”.

“El artículo 27 de la Constitución Política de Nicaragua dice que tanto los nacionales como los extranjeros debemos ser tratados con igualdad de derechos”, agregó Cortez.

“Versión de Ejército no es sensata”

Mbang Atanga, de 23 años, murió el 29 de septiembre en el puente Las Lajas, carretera a la ciudad de Rivas, en un intercambio de disparos entre supuestos delincuentes y una patrulla de militares y policías.

En su momento el Ejército de Nicaragua refirió: “En esta situación (el intercambio) resultó fallecido Mbang Atanga Azehfor, migrante originario de Camerún (y) detenidos tres traficantes de personas. (…) Se ocupó vehículo Toyota Corolla, placa M 266845, dándose a la fuga otro, y se retuvieron 11 migrantes de origen africano”.

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Al respecto Martha Cranshaw, coordinadora de Nicasmigrante, dijo: “Es difícil que un coyote ande solo o que ande con su hermana, así que a mí me parece que el dictamen que dieron de que es un traficante de persona no parece muy sensato. Además, llama la atención que solo el migrante salió muerto y los traficantes ilesos, creo que aquí tenemos que revisar si es imprudente el disparo”.

Cranshaw agregó que “pareciera ser que se nos está convirtiendo en una costumbre a nivel de las autoridades militares y policiales no observar diferencias entre el ciudadano y el delincuente, y entre migrante y traficante de migrantes, y ese aspecto sí es violatorio de las normas internacionales sobre derechos humanos”.

Recordó que Nicaragua es firmante de la Convención de los Derechos Humanos de los Migrantes y de sus familiares y es protector de los derechos humanos, por tanto Nicaragua se comprometió a respetar los derechos humanos de los migrantes y a tratarlos como personas, independientemente de su situación migratoria.

Se ha intentado localizar a Frinwie por medio de mensajes de WhatsApp, pero hasta el momento los mensajes aparecían como que aún no habían llegado.

Cabe mencionar, el domingo pasado, Mary Frinwie expresó que las autoridades le quitaron el teléfono celular a su acompañante y que no los dejaban comunicarse.

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Frinwie explicó a LA PRENSA que había comprado el boleto de avión contemplando una estadía de una semana, pero que ahora tenía que prolongar su tiempo en el país. Asimismo, sostuvo que entre el lunes y este martes recibiría el dinero (de ocho a nueve mil dólares) para pagar en Nicaragua y llevarse el cuerpo de su hijo.

Funcionarios del Ministerio de Gobernación advierten a los cameruneses Tchamani Joseph Magloire y Atanga Mary Frinwie que deben someterse a las leyes del país. LA PRENSA/REPRODUCCIÓN

Violan derechos individuales

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, manifestó que la camerunesa Atanga Mary Frinwie es una víctima más del gobierno de Daniel Ortega, a quien “no solamente le mataron a su hijo, sino que le están violando sus derechos individuales, de libre circulación y de libertad de expresión”.

“Tanto los tratados internacionales de derechos humanos, como la Constitución misma, dicen que el Estado de Nicaragua tiene la obligación de garantizar los derechos humanos no solo a sus nacionales, sino a cualquier persona que se encuentre en el país”, refirió Núñez.

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Esta es “una acción más que cataloga (al gobierno de Ortega) como un violador de derechos humanos”. Núñez dijo que ante la falta de respuesta de las instituciones nacionales, se ven obligados a recurrir a instancias internacionales “para hacer del conocimiento internacional los extremos gravísimos a los que Daniel Ortega está llegando en este país”.

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