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masacre, Nicaragua, Ejército de Nicaragua

Con el Libro Blanco el Gobierno reconoce que el Ejército de Nicaragua realiza labores que competen a la Policía Nacional, denuncia la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez. LA PRENSA/E. ROMERO

Policía Nacional justifica la masacre del Ejército en la Cruz de Río Grande

La Policía Nacional emitió una escueta nota de prensa en la que califica como criminales a los dos hijos de Elea Valle, quien ha luchado por que el Ejército de Nicaragua le entregue sus cuerpos

Tres días después que se cumpliera un mes de la masacre en la comunidad San Pablo XXII, municipio de la Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur, la Policía Nacional emitió una escueta nota de prensa en la que califica como criminales a los dos hijos (Francisco Alexander, de 12, y Yojeisel Pérez Valle, de 16 años) de Elea Valle, quien ha luchado porque el Ejército de Nicaragua le entregue sus cuerpos. La nota está plagada de contradicciones para “encubrir la tortura a la que fueron sometidos antes de matarlos”, expresó la presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.

La Policía aseguró en la nota de prensa que se procederá con la exhumación de los seis cuerpos, incluidos los hijos de Valle, a quienes no distinguen como menores de edad.

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Según la especialista en temas de Seguridad, Elvira Cuadra, el hecho de que la Policía no diferencie a los menores del resto significa que la Policía persiste en juzgar anticipadamente a las personas asesinadas, violan el principio constitucional de presunción de inocencia y muestran una enorme insensibilidad respecto a la adolescente y niño, sostuvo.

Elea Valle, madre de los dos menores masacrados, debe estar presente al momento de la exhumación, aseguró el Cenidh. LA PRENSA/ARCHIVO

Ejército entregó los cuerpos a los comunitarios

En la nota de prensa la Policía sostiene que “los cuerpos fueron entregados por miembros del Ejército de Nicaragua al Equipo Técnico de la Policía Nacional, quien hizo entrega a la comisión de pastores evangélicos y delegados de la palabra de la comunidad San Pablo XXII”.

Sin embargo, Núñez explicó que en el testimonio expuesto por los comunitarios sobre la muerte de sus hijos a Valle, le explicaron que los cadáveres de los masacrados se los entregó el Ejército y en “ningún momento la comunidad dice que la Policía les ordenó que los enterraran”.

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Sumado a eso, la Policía aseguró que los cuerpos solo tenían disparos por armas de fuego y no menciona las heridas por arma blanca y quemaduras que denunció Valle ante el Cenidh.

En la publicación de LA PRENSA del 18 de noviembre, Valle expresó que “a mi niño dicen que lo agarraron, lo que tengo por conocimiento es que la gente oía los lamentos, dicen que al niño cuando lo agarraron le apuñalaron los costados, un bracito, la mano izquierda; se miraban las grandes puñaladas en los costaditos, mire, le pusieron dos balazos en el pechito, mire qué grosería”.

Y al referirse a la adolescente, relató que “a mi niña dicen que todo el día le pasaron haciendo groserías, la violaron, la colgaron, la pobrecita desnucada me la dejaron”, afirmó Valle.

No obstante, la Policía calificó a ambos menores como integrantes de la expresión delincuencial y la que le imputan delitos como asesinatos, tráfico de drogas, robos con intimidación, entre otros.


Aquí puede ver la nota de prensa completa de la Policía Nacional 


¿En qué momento hubo autopsia?

El dictamen médico forense establece que la causa de muerte de las seis víctimas fue por lesiones por arma de fuego y no se encontró otro tipo de lesiones, se lee en la nota; sin embargo, en fotografías filtradas por redes sociales sobre la masacre se observa cómo los cuerpos parecieran haber sido quemados.

Núñez se pregunta: ¿en qué momento se hizo la autopsia? Puesto que los comunitarios aseguraron que los cuerpos se los entregaron y les dijeron que los enterraran y mientras tanto, al lugar no llegó ningún médico ni se hizo examen alguno para determinar lo que ahora afirma la Policía.

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Núñez afirmó que “esa es una gran mentira. Esa contradicción deja al descubierto que están mintiendo (el Ejército y la Policía), qué siguen encubriendo”.

Otro argumento que utilizó la institución policial es que la comisión procedió a sepultar los cuerpos ante la ausencia de familiares que los reclamaran y el avanzado estado de descomposición que presentaban; sin embargo, al poco tiempo, Valle, madre de los menores y esposa de Francisco Pérez Dávila, que se conocía bajo el seudónimo Cachorrito, llegó al lugar de los hechos y después solicitó al Ejército que les entregaran los cuerpos de sus familiares.

Por su parte, Cuadra explicó que independientemente que no hubiera ningún familiar de por medio en el lugar de los hechos, la Policía debía haber sacado los cuerpos y tendrían que haberles realizado un examen del Instituto de Medicina Legal y desarrollar todo un proceso de investigación y posteriormente entregar el cuerpo a los familiares.

“El argumento es bastante débil y no se sostiene porque ese no es realmente el procedimiento ni es una argumentación ni para el Ejército ni para la Policía; hay un procedimiento establecido que no se cumplió y por eso es necesaria la investigación para deslindar responsabilidades y determinar si es responsabilidad de un oficial o un funcionario del Ejército o de la Policía, en particular, o es una falla de la institución como tal”, expresó la experta.

Entrega de cuerpos no exime de investigación

Tanto Núñez como Cuadra coinciden que aunque la Policía haya accedido a entregar los cuerpos, eso no implica que el caso termine, puesto que se necesita de una investigación para conocer qué fue lo que realmente sucedió.

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Tanto los familiares de las personas como la sociedad en general tienen derecho a saber la verdad, qué fue y cómo fue lo que ocurrió. “La entrega de los cuerpos es solo un caso en todo el proceso que debería de seguir el Estado de Nicaragua (…)”, sostuvo la especialista Cuadra.

A la vez, Núñez también consideró que esta masacre necesita una investigación, puesto que la responsabilidad de las autoridades es capturar y “no andar matando gente”.
También criticó el hecho de que el Ejército asegura que los muertos estaban armados y hubo un enfrentamiento, pero, casualmente, no hubo ningún oficial del cuerpo castrense herido.

Más preguntas que respuestas

Elvira Cuadra, experta en temas de Seguridad, explicó que la nota de prensa que emitió la Policía Nacional “subsana de mala manera” un reclamo que gran parte de la sociedad nicaragüense hizo junto con Elea Valle, madre de los dos menores que murieron en el supuesto enfrentamiento en La Cruz de Río Grande.

Y lo hace de “mala manera”, porque no se está abriendo un proceso de investigación claro y transparente, que habría que realizarse después de la exhumación que desarrollará la Policía Nacional junto con otras instituciones.

Por otro lado, Cuadra sostuvo que hay varias preguntas por el dictamen forense, porque si a los cuerpos les practicaron autopsia antes de enterrarlos en la fosa común, ¿por qué no le entregaron los resultados a Valle? Y si los enterraron ¿cómo es que la Policía tiene un dictamen médico forense? Quiere decir que ya los exhumaron y los mandaron a hacer autopsia, ese párrafo genera varias preguntas, sostuvo, haciendo referencia a la nota de prensa de la Policía.

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