Considero justo reconocer la labor positiva de la Policía Nacional (PN) y el Ejército en la lucha contra la delincuencia juvenil, con el cierre de narcoexpendios en el ámbito urbano, así como el narcotráfico en alta mar o lugares remotos. Ello ha contribuido al mejoramiento de la seguridad ciudadana en barrios, donde grupos juveniles se habían empoderado de las comunidades.
Sin embargo es un hecho irrefutable que el FSLN recuperó el control sobre la Policía y el Ejército, situación que se encuentra legalizada con las reformas a las leyes de la materia aprobadas por la aplanadora oficialista en la Asamblea Nacional.
Así, en septiembre del 2008, la PN empieza a mostrar los primeros síntomas de su propensión hacia el FSLN. El día 20, los miembros de la PN permanecieron indiferentes mientras el FSLN violentamente impedía el desarrollo de una marcha de la sociedad civil en León. Posteriormente, “la marcha por la democracia” de la oposición, fue reprimida por paramilitares del FSLN, encabezados por Manuel Calderón, entonces alcalde de León, atacando con garrotes y morteros a los opositores que intentaron manifestarse en esa ciudad. En los hechos resultaron heridas cinco personas y fue quemado el vehículo del exdiputado Enrique Sáenz. Luego le tocaría el turno al vehículo del exconcejal Luciano García.
La PN y el Ministerio Público fallaron en cuanto a no arrestar ni acusar por daños agravados y delitos electorales a los agitadores del FSLN. Ni siquiera cuando los policías mismos eran amenazados por las fuerzas de choque del FSLN, blandiendo machetes, morteros, etc.
Basta recordar los fraudulentos procesos electorales —2008 y 2011—, donde el comportamiento policial dejó mucho que desear. Las imágenes grabadas por los medios de comunicación respaldan la acusación de complicidad, al permanecer inconmovible, mientras los seguidores del FSLN, por un lado, expulsaban a los fiscales de la oposición de las JRV y por otro lado, los propios policías, ayudaron al FSLN a expulsar a los fiscales de la oposición. Y más recientemente, se nota la protección que brinda la Policía a las fuerzas de choque del FSLN, cuando atacan con morteros a la oposición, en municipios con resultados fraudulentos a favor del FSLN. Ni la PN detuvo a los seguidores del FSLN, ni el Ministerio Público acusó, respectivamente, por los muertos opositores y daños materiales. La impunidad es el denominador común en estos hechos.
Al comportamiento policial se agrega el trato discriminatorio y las acciones de aniquilamiento del Ejército para enfrentar a campesinos armados, asesinando a un niño y una adolescente, hecho condenable desde todo punto de vista.
Bajo un marco legal de sometimiento al Ejecutivo, es difícil esperar que la primera comisionada Aminta Granera y menos el general Julio César Avilés, del Ejército, vayan a tener la intención o siquiera la prudencia de cambiar esas actitudes, considerando que la mayoría de los miembros de sus altos mandos no ocultan su adhesión al régimen, por consiguiente, su predisposición para tales acciones.
Sin embargo, habría que reflexionar que el surgimiento de grupos armados, o los actos de protestas opositoras, no podrían ser (como pretende la dictadura, para encubrir su responsabilidad) fruto de la acción de personas trastornadas o delincuentes, sino que son efectos del mal clima político, generado por violaciones a los derechos civiles y políticos del ciudadano.
El autor es fue miembro de la Comisión Política del Frente Sur de la RN.