Enseñanzas de la crisis hondureña

En Nicaragua, el fraude sistemático gubernamental prepara durante cinco años la certidumbre inevitable de los resultados electorales de ese día

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Una crisis política que impide legitimar al Ejecutivo, como la que presenta Honduras a consecuencia del anómalo desarrollo del proceso electoral del 26 de noviembre, sin que este conflicto político se origine en una crisis económica subyacente, refleja que la clase política hondureña guarda una relativa autonomía respecto a la sociedad, y que tiene contradicciones por intereses sin sustento social.

¿Qué diferencia importante puede haber, para la sociedad, entre la presidencia de Nasralla o la de Hernández, los principales contendientes de las elecciones pasadas?

De ahí la pobreza social de esta crisis política, cuyo desarrollo prolongado, sin contenido ideológico ni programático, simplemente fastidia a toda la nación. En Nicaragua, no sería una crisis del orteguismo la que fastidiaría a la nación, sino, la realidad opresiva cotidiana. Honduras, en tal sentido, da sus primeros pasos hacia el desastre político instituido en Nicaragua.

La ley hondureña no contempla una segunda vuelta cuando ningún candidato alcanza el 50 por ciento de los sufragios, y calla cuando el límite de votos entre los principales contendientes se encuentra en una pequeña franja, apenas de 1.5 por ciento de los votos, matizada por desconfianzas y sospechas recíprocas, agravadas por un tribunal electoral inepto y fraudulentamente parcializado.

En Nicaragua, el fraude sistemático gubernamental prepara durante cinco años la certidumbre inevitable de los resultados electorales de ese día.

En otros términos, en Honduras el sistema económico subdesarrollado no ha construido su propia expresión hegemónica estable en la delegación del poder. De modo, que los políticos de fortuna pueden imprimirle al poder características personales, que desestabilizan el orden jurídico por ambición particular. La ineptitud del tribunal electoral no es causa del conflicto, sino, consecuencia de un ambiente crispado por golpes de mano caudillescos, que deforman la función institucional del Estado. Así, la estabilidad, en último término, reposa en el ejército, el instrumento más primitivo e indeseable de un orden sumamente básico e ilegítimo.

En Nicaragua, en cambio, el absolutismo mesiánico construye una hegemonía familiar explosiva, que da una apariencia de estabilidad, con una mecha lenta, por el control arbitrario del Estado rudimentario, que las elecciones fraudulentas no logran poner en riesgo.

El efecto de la crisis actual en Honduras, que asombra al mundo por su desorden baladí, traba el curso normal del país, con daños a la economía, en perjuicio de todos los estratos sociales. Sectores que resultan víctimas, a su vez, de la descomposición social que aprovecha el caos institucional para saquear pequeños establecimientos y asaltar furgones del comercio regional.

El gobierno de Hernández, incapaz de una salida institucional, decreta el toque de queda y les otorga carta libre a los militares. Lo que ha culminado en catorce muertos, y en denuncias de torturas y de violación a los derechos humanos. En Nicaragua, los derechos humanos retroceden continuamente, con espectaculares saltos hacia atrás que no se derivan directamente de las elecciones.

A esta incertidumbre general, se suma el informe preliminar de la OEA. Pese a que en Honduras nadie le tapó el radar, la OEA señala que por la cantidad de irregularidades no sabe quién ganó las elecciones, ni sabe si hubo fraude. Es como un inspector policial que sube a un bus para atrapar carteristas, y baja desconcertado sin saber quién le robó la billetera.

La irregularidad fundamental se origina en el intento de reelección de Juan Orlando Hernández, quien ha puesto en vilo a la sociedad hondureña con argumentos espurios de la Sala Constitucional (nombrada por él), que para permitir la reelección califica la Constitución de inconstitucional, como hiciera Arias en Costa Rica en 2003.

Para superar el impasse, habrá que cambiar al tribunal electoral (que insiste en imponer la victoria dudosa de Hernández), y un político progresista, en lugar de promover un desorden sin sentido, como hace Nasralla (quien simplemente desconoce los resultados), podría organizar a los ciudadanos como salida inmediata a la crisis, invitándoles a recoger firmas en las calles para un referendo vinculante sobre la reelección. Si el referendo fuese favorable a la reelección, Hernández podrá gobernar sin más reclamos. Si el resultado fuese negativo, gobernaría Nasralla, y se revertiría de paso, definitivamente, la resolución infame de la Sala Constitucional sobre la reelección (lo que sería coyunturalmente progresivo para la conciencia nacional).

El autor es ingeniero eléctrico.