El viernes 29 de septiembre pasado, LA PRENSA informó que según una nota de prensa del Ejército, en la madrugada de ese día fuerzas militares y policiales apostadas en un lugar del departamento de Rivas, intercambiaron disparos con un grupo delincuencial de traficantes de personas.
Según la nota de prensa del Ejército, como resultado de ese enfrentamiento murió un ciudadano originario de Camerún, África, de nombre Mbang Atanga Asezhorf, de 23 años de edad, y tres nicaragüenses fueron capturados. No fue posible que LA PRENSA y demás medios de comunicación pudieran confirmar la información del Ejército de manera independiente, debido a las limitaciones que impone el Gobierno a la libertad de información.
Más de dos meses después, el 4 de diciembre corriente, la madre del ciudadano africano muerto a balazos, señora Atanga Mary Frienwie, quien reside en Bélgica, vino a Managua acompañada por su compatriota Tchamani Joseph Magloire, con la intención de llevarse el cadáver de su hijo y pedir información oficial sobre su muerte.
La señora Frienwie rechaza la versión del Ejército, ella sostiene que su hijo no era delincuente y no cree que murió como se dijo en la nota militar. Asegura la dama africana que su hijo era un hombre honesto, microbiólogo de profesión, quien junto con su hermana Azeh McClaire decidieron emigrar ilegalmente a Estados Unidos, en busca de una vida mejor. “Ellos estaban cruzando. Estaban de viaje. Querían ir a Estados Unidos. Estaban cruzando el país ilegalmente, pero esa no es una razón para matar”, expresó la adolorida madre del extinto joven camerunés.
Por haber dado declaraciones a LA PRENSA y denunciado que autoridades del Ministerio de Gobernación de Nicaragua la tenían prácticamente secuestrada, y que se sentía amenazada, la señora Frienwie fue detenida por la Policía que ahora la vincula a una organización criminal internacional de tráfico de personas que no identifica.
Es muy triste la suerte de esta madre africana, que no solo sufre el dolor de haber perdido de manera trágica al hijo varón, sino también la impotencia de no poder llevarse su cadáver para sepultarlo dignamente; y la desgracia de estar presa en Nicaragua, acusada de ser una delincuente.
La tajante declaración de un funcionario de Gobernación, que vigilaba a la madre africana antes de que la encarcelaran, fue muy significativa: “Nicaragua es libre y soberana, y decide sobre los nacionales y los extranjeros cómo y dónde se pueden mover”, dijo el sujeto.
Ese oficial represivo de Gobernación cree al parecer que Nicaragua es el régimen orteguista. Ignora que existe una Declaración Universal de Derechos Humanos cuyo artículo 13 garantiza la libre circulación de las personas. Desconoce la Constitución de Nicaragua, que en su artículo 27 establece que los extranjeros en el territorio nacional tienen los mismos derechos que los nicaragüenses, salvo los políticos. Y no sabe nada del artículo 31 constitucional, que consagra el derecho de circular libremente y de entrar y salir del país.
Pero si acaso el funcionario de marras conociera que existen tales derechos humanos, es obvio que no le importan, por estar al servicio de un régimen que se cubre con formalidades democráticas pero en realidad es totalitario, como él mismo se denuncia con sus acciones.