El Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitió este domingo a trámite el pedido de juicio político contra el vicepresidente sin funciones de Ecuador, Jorge Glas, sentenciado, en primera instancia, a seis años de prisión por presunta asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht.
Tras la decisión del CAL, un órgano de control del Legislativo, se remitirá el expediente a la Corte Constitucional, cuyo dictamen se enviará a la comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para continuar con el trámite legal correspondiente.
El pasado miércoles, un tribunal de primera instancia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) condenó, por presunta asociación ilícita en el marco del caso de Odebrecht, a seis años de prisión a Glas, quien recurrirá la decisión.
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En la sesión de este domingo hubo “humo blanco” y se admitió el juicio político con “cuatro votos a favor (con mi voto) y 0 en contra”, escribió en Twitter el asambleísta de oposición Luis Fernando Torres.
La admisión a trámite es un “gran logro de la oposición”, según el asambleísta centroderechista Patricio Donoso, quien detalló que además, del suyo y el de Torres, los votos a favor los dieron José Serrano y Carlos Bergmann, mientras que estuvieron ausentes, Soledad Buendía, Viviana Bonilla y Verónica Arias.
En sectores estratégicos
Poco antes de conocerse la decisión del CAL, la oficialista Soledad Buendía, se retiró de la reunión en la Asamblea, donde ya en julio pasado se archivó un pedido de juicio político planteado contra Glas por considerarlo presunto responsable político de hechos ocurridos en los sectores estratégicos cuando los dirigía.
“Me retiro de sesión del CAL manifestando mi oposición al juicio político a Jorge Glas, no se cumplen los requisitos del artículo 129 de la Constitución. No puedo legitimar con mi presencia una injusticia”, informó en su perfil de Twitter.
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Dicho artículo identifica tres causales para un juicio político contra el presidente o vicepresidente del país: delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
Además, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
Para Eduardo Franco Loor, abogado de Glas, lo ocurrido este domingo en el CAL refleja un “protervo entramado político” pues el delito de asociación ilícita “no es causal de juicio político” por lo que opinó que el Consejo de Administración obró “inconstitucionalmente”.
Necesidad política
“En el Ecuador está imperando las necesidades políticas por encima de la verdad, de la razón y de la juridicidad. Lo que ha hecho el CAL es un atentado a la Constitución misma”, opinó.
Mientras que la asambleísta Cristina Reyes, escribió en Twitter: “Hicieron las cosas tan premeditadamente lento que Glas quedará destituido el 3 de enero por el paso del tiempo no por censura de Asamblea Nacional. El juicio político lo aprueban para salvar los muebles”.
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Poco después del ingreso de Glas en prisión preventiva el pasado 2 de octubre, el jefe de Estado, Lenín Moreno, encargó la vicepresidencia a María Alejandra Vicuña en tanto se prolongara la ausencia de Glas, plazo que, de acuerdo a la ley, dura un máximo de 90 días.
Con la sentencia del miércoles en la CNJ, Glas se convirtió en el dirigente político en activo de mayor rango en ser condenado en relación con el caso Odebrecht, que salpica a varios dirigentes latinoamericanos.
Un absuelto y tres ya sentenciados
La Fiscalía General había pedido la pena máxima de seis años de cárcel al considerar probado que Glas se benefició de 13.5 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht para la adjudicación de cinco contratos de obra entre 2012 y 2016, cuando estaba a cargo de sectores estratégicos durante el Gobierno de Rafael Correa.
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Glas, quien insiste en su inocencia, fue condenado a seis años junto con otras cuatro personas implicadas, entre ellas su tío Ricardo Rivera, mientras que otros tres fueron condenados a una pena de 14 meses, una rebaja del 80 por ciento respecto a los primeros, por su “colaboración eficaz”, según el juez.
Únicamente uno de los acusados, Diego Cabrera, fue absuelto al no probarse su culpabilidad en un caso en el que otros cuatro acusados, entre ellos el excontralor del Estado, Carlos Pólit, se encuentran prófugos de la justicia.