Abogado del Cenidh en Matagalpa: “Nicaragua es una ficción de país”

La defensa de los derechos humanos es cada vez más difícil, los y las defensoras sonvistos como enemigos

17/12/2017

El caso de Elea Valle, campesina y madre, se le fue haciendo familiar poco a poco. Lo primero que supo Juan Carlos Arce, de 36 años, el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Matagalpa, es que se dio un enfrentamiento el 12 de noviembre pasado en una comunidad rural del Caribe Sur de Nicaragua —La Cruz de Río Grande—, donde el Ejército mató a seis supuestos delincuentes, ocupó armas y droga.

Sin embargo, Arce puso entre comillas la versión oficial, porque desde su experiencia cuando oficialmente se usan esos términos, lo que en realidad ocurre es otra cosa: los fallecidos son miembros de grupos de rearmados adversos a Daniel Ortega, a quienes el Estado llama delincuentes.

Para el experto, la palabra enfrentamiento también describe otra situación. “La mayoría de veces son operativos de aniquilamiento”, dice.

Arce es abogado desde hace ocho años y tiene seis de trabajar en Matagalpa, al norte de Nicaragua, donde como responsable de la oficina del Cenidh le ha tocado dar seguimiento al tema de los rearmados que se mueven en las montañas de ese departamento y del vecino Jinotega.

Después de la masacre, Elea Valle denunció que dos de los fallecidos eran niños, sus hijos, y pidió sus cuerpos a las autoridades militares para enterrarlos, mientras explicó que su familia ha sufrido el acoso oficial.

Lea también: Ejército llevaba nueve días tras grupo de El Colocho antes de eliminarlos en el caribe sur

“Días después me enteré de los dos niños, al enterarme me estremeció e inmediatamente lo asocié al caso de Daira Junieth, asesinada en un operativo policial en La Dalia en febrero de este año, y al caso de los dos niños muertos en Las Jagüitas en circunstancias similares”, explica Arce sobre casos en que se señaló directamente a la Policía de asesinar a inocentes.

Doctor Arce, ¿cómo valora usted la situación de los derechos humanos en el país?

La demolición de la democracia y del Estado de derecho con la agravante de un gobierno que ve los derechos humanos como un obstáculo para sus aspiraciones ha configurado el peor contexto posible para la promoción y defensa de los derechos humanos.

Hoy más que nunca estamos lejos de la tutela efectiva de nuestros derechos. Los derechos humanos marcan un límite a los abusos de poder y los violadores de derechos humanos lo saben, es por eso que los defensores y defensoras son blanco de su ataque.

¿Qué punto marca en la historia reciente del país lo ocurrido con la señora que está pidiendo el cuerpo de sus hijos al Ejército?

Este hecho no es el primero en el país, pero en la era de la información y de las redes sociales marcó un hito de terror en la historia reciente de Nicaragua.

Las fotos de los cadáveres de los niños asesinados y la valiente demanda de su madre pidiendo al Ejército sus cadáveres fueron un verdadero cisma en la conciencia colectiva. La muerte de Francisco y Yojeisel (Pérez Valle) se convirtió en símbolo de la violencia extrema contra campesinos en las montañas del país, pero sobre todo un símbolo de la dignidad de la mujer campesina.

¿Cuál es su opinión sobre la respuesta del Estado?

La respuesta o más bien la falta de respuesta es parte de la cadena de abusos. Te mato, te quito tu identidad y te doy la de un delincuente, te entierro en una fosa común y ahora me niego a rendir cuentas de semejante abuso. Todo, de inicio a fin, deja en evidencia no solo la falta de profesionalismo y objetividad de las fuerzas del orden en este país, sino también su inhumanidad.

Elea Valle, madre de los niños asesinados por el Ejército en la Cruz de Río Grande, en una marcha en Managua durante noviembre pasado. LA PRENSA / ARCHIVO/ MANUEL ESQUIVEL

El jefe del sexto comando militar, el coronel Marvin Paniagua, aseguró en sus primeras declaraciones que no podía especificar por razones de seguridad las denuncias que recibieron contra los “delincuentes” muertos en el “enfrentamiento”, ¿qué explicaciones debe la autoridad militar?

El argumento es flojo, no se corresponde a la gravedad del hecho, tan grave es que se vieron obligados a hablar por segunda vez, pero esta vez lo hicieron peor, pues implicó a la Policía Nacional; de su participación se desprende otra serie de preguntas que la Policía debe responder: ¿Hizo el levantamiento de los cadáveres?, ¿qué revelan los dictámenes médicos de los fallecidos?, ¿por qué no entregó los cadáveres a los familiares?

En el testimonio de la madre nuevamente aparece el tema de los armados con fines políticos, y del acoso del Ejército en las montañas al campesinado, ¿qué le dice esto que ocurre allá sobre la situación de la democracia y respeto de derechos humanos en Nicaragua?

Existen varias Nicaraguas, una de ellas es la de los altares, la de los parques de plástico y la del Black Friday, la otra es la de las montañas en las que por acción u omisión los campesinos son víctimas de violaciones de derechos humanos.

Además: Obispo Mata califica como “delito de lesa humanidad” las ejecuciones del Ejército

En esta Nicaragua, la Policía y el Ejército perdieron la confianza del campesinado que los ve como entes de persecución y hostigamiento. Varios de los rearmados y sus familiares han relatado el acoso de la Policía y del Ejército, lo que los obligó a tomar las armas. Estas acciones lejos de apaciguar los ánimos alimentan en esta población un sentimiento de indignación y de rechazo.

Usted tuvo a cargo desde el Cenidh de atender varios casos de los armados, entre ellos el operativo militar de la mochila bomba que mató a dos personas en Pantasma en 2015, ¿se ha investigado a las instituciones señaladas como responsables?

No hubo investigación pese a la denuncia interpuesta en el Ministerio Público y la demanda generalizada de diferentes sectores. Estas instituciones (Policía, Ministerio Público y Ejército) guardan silencio, se hacen los desentendidos, pareciera que para ellos estos casos nunca ocurrieron.

Sin embargo, en el campo la gente lo tiene muy presente. No es casualidad que en Pantasma —el lugar donde ocurrió el caso de la mochila bomba— el Frente (Sandinista de Liberación Nacional) haya perdido por casi cinco mil votos y el Frente pierde porque la población no distingue entre el partido en el gobierno y las instituciones constitucionalmente encargadas de protegerlos.

Lea además: Señalan a Ejército por  mochila bomba

¿Por qué el Estado sigue negando la existencia de grupos armados que adversan al Gobierno?

Nicaragua es una ficción de país. Desde el Gobierno venden la idea de una Nicaragua segura: el mejor país para ser mujer, aunque a las mismas las maten cada día con más saña sin que el Estado adopte acciones reales de cara a protegerlas. En el país de la mentira, el discurso de paz, la falsa ilusión del desarrollo y la seguridad son piedras angulares de esa gran mentira.

Desde esa lógica irracional reconocer que hay grupos armados, que en el campo el campesinado tiene miedo, es aterrizar en una realidad que el Gobierno no quiere, que la rechaza, porque le tiene miedo. Tiene horror de enfrentar esta realidad porque su solución pasa, porque el mismo ceda en sus pretensiones, pasa porque ponga límites al ejercicio de su poder. Y como hemos visto en estos diez años, este gobierno se ha caracterizado por la ausencia de límites.

En medio de todo este contexto, ¿qué dificultades enfrentan ustedes como defensores de derechos humanos?

La defensa de los derechos humanos es cada vez más difícil, los y las defensoras somos vistos como enemigos, como desestabilizadores, como reaccionarios. En un contexto cada vez más difícil nos queda como principal desafío continuar, persistir y resistir.

La madre camerunesa

El defensor de derechos humanos, Juan Carlos Arce, destacó también el caso de otra madre, la camerunesa Mary Frinwie Atanga Azehfore, “una valiente mujer que cruzó el océano para pedir el cuerpo de su hijo, de 23 años, muerto a balazos también por oficiales del Ejército en septiembre de este año”. Según la reciente versión de las autoridades, la mujer se encuentra bajo investigación e incluso la consideran de alto riesgo y vinculada a supuestas actividades delictivas.

Lea también: Madre de migrante camarunés muerto espera a juez ejecutor

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