Ha sido por la presión de la opinión pública —la cual se ha hecho sentir a pesar de la precaria libertad de expresión que hay en Nicaragua—, que la Policía se vio obligada a publicar un comunicado sobre la masacre de La Cruz de Río Grande.
En realidad, aunque las autoridades militares y policiales justifican esa matanza ocurrida el 12 de noviembre pasado, calificando a los muertos como criminales, el hecho de que entre las víctimas hubiese dos menores de edad sacudió la adormecida conciencia nacional.
A ese despertar y a la presión de la opinión pública contribuyó sobre todo el testimonio de la adolorida madre de los dos menores, y esposa de uno de los muertos —a quien las autoridades orteguistas mencionan como jefe de la supuesta banda delincuencial—, la señora Elea Valle, quien vino hasta Managua para denunciar que sus hijos y esposo no eran delincuentes, como dijo el Ejército, y que fueron asesinados.
El marido muerto de la señora Valle, Rafael Dávila, se declaraba alzado en armas contra el régimen de Daniel Ortega. Y según las informaciones obtenidas sus dos hijos menores, Francisco Alexander y Yojeisel, de 12 y 16 años respectivamente, fueron a reunirse con su padre —a quien no habían visto desde hacía mucho tiempo— en un lugar de la montaña cercano a su casa. Y allí los militares sorprendieron al grupo y lo exterminaron.
La Policía ha accedido a entregar los cadáveres, pero reitera en su comunicado lo dicho por los militares: que los muertos de La Cruz de Río Grande eran peligrosos delincuentes con un terrible historial y que murieron en combate con miembros del Ejército.
Nosotros no podemos asegurar que las personas muertas por el Ejército en La Cruz de Río Grande, eran delincuentes o alzados en armas. Pero por razones obvias confiamos más en el testimonio de la señora Valle que en las versiones del Ejército y la Policía.
Para el régimen orteguista y sus cuerpos armados represivos, todas las personas que se rebelan contra el régimen son delincuentes. Así llamaba también la dictadura somocista a los militantes del Frente Sandinista que la combatían armas en mano en las montañas y ciudades. Y si las autoridades orteguistas califican como delincuentes a los menores Francisco Alexander y Yojeisel, creemos que es porque quizás creen o están seguras de que eran parte del grupo de rebeldes armados.
¿Acaso los sandinistas, en su lucha armada contra la dictadura somocista, no usaban también a menores de edad? Luis Alfonso Velásquez, el emblemático niño héroe y mártir sandinista que murió a los 10 años de edad después de ser baleado por miembros de la Guardia Nacional en el reparto El Dorado de Managua, fue el mejor ejemplo de eso.
Pero aunque los dos hijos de doña Elea Valle no formaran parte del grupo de campesinos alzados contra la dictadura orteguista, o banda de delincuentes como los llaman el Ejército y la Policía, por la forma cruel en que los mataron merecen que en el futuro, cuando Nicaragua vuelva a ser un país libre y democrático, se les llame los niños mártires de La Cruz de Río Grande.
