La ola de violencia que se vive en Costa Rica vinculada especialmente a enfrentamientos entre grupos narcotraficantes, rompió en 2017 nuevamente el récord anual de homicidios, lo que ha generado alarma entre las autoridades.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que hasta el 18 de diciembre se han registrado un total de 582 homicidios, 25 más que el total registrado en todo 2016, que fue el año con mayor cantidad de estos crímenes en la historia del país.
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Esta escalada de violencia esta vinculada, entre otras cosas, a enfrentamientos entre grupos criminales y narcotraficantes que operan en el centro de San José, en particular en los barrios pobres del sur, y que generan violencia, muerte y asesinatos constantes.
Ese mercado de drogas tan apetecido por las bandas criminales, provoca la formación de agrupaciones o pequeñas redes que necesitan mantener el monopolio en zonas determinadas, para lo cual matan a sus contrarios o incurren en hechos violentos para disciplinar a sus integrantes.
Extienden territorio
El director del OIJ, Walter Espinoza, explicó en conferencia de prensa que la forma en que estos grupos extienden su territorio de acción es por medio de la amenaza, el ataque, la agresión y el homicidio, lo que incrementa los niveles de violencia en el país.
“Estas bandas u organizaciones por lo general tienen un carácter expansionista o tienen interés en generar más ganancias, mejorar el nivel de mercado al que se dedican y extenderse desde el punto de vista territorial. Todo esto nos va a generar enfrentamientos y riñas entre quienes lideran las organizaciones”, explicó Espinoza.
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El experto indicó que un sujeto que pertenece a la banda A, implica que es enemigo de la banda B, y solamente con el hecho de que se vean motiva al uso del arma de fuego para atacar al otro.
Integrado por hombres jóvenes
Según lo que las autoridades han identificado en las investigaciones, estos grupos están integrados por jóvenes de entre 18 a 25 años, todos hombres, la mayoría de San José, que “no tiene una condición de sicario explosivo, sino que pertenecen a la organización, tienen un salario establecido y el asesinato es una función más”, dijo el funcionario.
De esta manera es como van adquiriendo fortaleza y ganan el respeto de otros que también integran la banda criminal. Una situación que los expertos califican de creciente y sin posibilidades de que finalice en un corto plazo.
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Durante 2017 no solo se ha observado una escalada en el número de homicidios, sino que la estadística ha ido acompañada por crímenes cada vez más violentos que incluyen cuerpos desmembrados, decapitados y con signos de tortura.
La solución no es meramente policial, sino que también incluye una serie de factores que el Estado como tal debe mejorar para disminuir la ola de violencia.
Acciones a emprender
Para Espinoza el tema no se trata nada más de resolver los crímenes, porque “por más personas que metamos a la cárcel ésta situación va a continuar”, si no se solucionan problemas estructurales del país.
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Las acciones que debe emprender el Estado pasan por recuperar los espacios públicos, mejorar la distribución de la riqueza, brindar más oportunidades de trabajo a los jóvenes, construir vivienda, incorporar a los niños y jóvenes al sistema educativo, colocar luz en zona conflictivas y la realización de actividades culturales.
“El Estado destina mucho de su presupuesto a inversión social y parece ser que eso no está dando el resultado previsto. En otras latitudes cuando se han bajado los índices de homicidios generalmente se han recurrido a acciones no de carácter policial o de agresividad, sino a la recuperación de espacios públicos y ayudar en los esquemas de educación”, dijo Espinoza.
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Las autoridades estiman que la tasa de homicidios cierre en 12 por cada 100.000 habitantes en 2017, por lo consideran urgente tomar medidas para reducir la ola de violencia que aqueja al país, considerado uno de los más seguros de Centroamérica.