La grave tragedia que costó la vida a 44 marinos de la Armada Argentina con la pérdida del submarino ARA San Juan, contiene numerosas lecciones que deben ser estudiadas como comportamientos precursores de fatalidades, principalmente, por las conductas colectivas sincronizadas que los mandos de esa fuerza armada encarnaron para hacer un manejo político de la situación, más que en tomar acciones preventivas en la larga cadena de fallos que llevaron a ese funesto final.
Como parangón de este caso, cuando ocurrió el accidente del submarino nuclear ruso Kursk en 2000 –hecho que también costó la vida a toda su tripulación– el inicio de las labores de rescate tomó lugar apenas seis horas después de la pérdida de contacto con dicho equipo, siendo aún ese lapso considerado como inaceptable por el alto mando naval ruso de aquel entonces. No obstante, en el caso del ARA San Juan, las labores de emergencia iniciaron “solamente” 48 horas después.
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Anecdóticamente, no deja de abonar al surrealismo ortodoxo que prevalece en nuestra Latinoamérica, que el ministro de defensa argentino –máxima autoridad a quien debían reportarle de inmediato la emergencia– se enteró cuando desayunaba leyendo los diarios escritos, dos días después, una irreprochable exquisitez de ocultamiento de las malas noticias que el personal de ciertos niveles jerárquicos se especializa también en dosificar, demorar o disfrazar a la figura de poder –según sea el caso– para evitar las reacciones y consecuencias adversas que podrían “matar al mensajero”.
Una gerencia general debe estar siempre alerta ante el hecho real que existe todo un equipo humano subalterno que maneja una aceitada maquinaria de ocultamiento y relativización de la realidad, lo que frecuentemente le impide discernir claramente qué es lo que está en verdad ocurriendo.
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El ARA San Juan era un sumergible de manufactura germana que fue puesto en servicio en 1982, siendo para ese entonces el buque más moderno de la armada argentina, habiendo pasado entre 2007 y 2014 por una serie de “reparaciones de media vida” las cuales supuestamente repotenciaron sus capacidades para extender su horizonte de servicio al menos por 30 años más, lo que resultó un fiasco épico, puesto que se comprobó que la negociación del contrato enfrentó sesgos de corrupción en que al final, el alcance técnico de las modificaciones fue minimizado hasta hacerlo cosmético e insuficiente, privilegiando coimas, comisiones y otros criterios viciados, con los que prontamente las fallas repetitivas de los venerables equipos y dispositivos a bordo, no se hicieron esperar, habiendo tenido recientemente al menos un par de incidentes severos, en donde su confiabilidad operativa evidenciaba estar ya comprometida, habiendo encontrado su final en donde se presume que entró agua a las baterías eléctricas, desencadenando así una terrible explosión.
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La ausencia de un régimen riguroso de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo en ese sumergible fue causada por un abandono en las inversiones necesarias para mantenerlo en capacidad operativa confiable, más que todo por razones políticas que se impusieron brutalmente a los criterios de las mejores prácticas, habiendo eliminado el presupuesto básico para tal fin, hecho que obedecía a razones políticas más que a un análisis frío de las consecuencias, despreciando el ejercicio riguroso del “¿qué pasaría sí?”, reemplazado por el vicioso ritual de “la normalización de las desviaciones” que hace que las fallas operacionales y situaciones de vulnerabilidad sean vistas como cotidianeidades insignificantes, más que como oportunidades para ejercer acciones correctivas, síndromes análogos que padecen algunas empresas que terminan teniendo graves tragedias industriales.
Ojalá este caso sea prontamente expuesto en todos sus detalles.
*El autor es director ejecutivo de Cambio Cultural Consultores