La Comisión Europea activó este miércoles un duro proceso sancionador contra Polonia, que a largo plazo podría terminar con la suspensión de su derecho a voto en las instituciones comunitarias, por su controvertida reforma judicial que, a juicio de Bruselas, amenaza el Estado de derecho.
“Es con un enorme pesar que activamos el artículo 7” del Tratado de la Unión Europea, calificado a menudo de “botón nuclear” entre las sanciones comunitarias, anunció en rueda de prensa el vicepresidente del ejecutivo comunitario, Frans Timmermans.
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Polonia está en el punto de mira de Bruselas desde el regreso al poder en 2015 del Partido Ley y Justicia (PiS, nacionalista conservador) y, especialmente, por su controvertida reforma global del sistema judicial dirigida, según Varsovia, contra una “casta” de magistrados.
Trece legislaciones
Las 13 leyes adoptadas en dos años crearon una situación en la que el gobierno “puede interferir política y sistemáticamente en la composición, los poderes, la administración y el funcionamiento” de las autoridades judiciales, según Timmermans.
Tras el anuncio de la Comisión, el gobierno polaco denunció una decisión “política”, que “afecta inútilmente” a las “relaciones mutuas”, según un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores.
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Y horas después, el presidente Andrzej Duda, que había suscitado esperanza al vetar en julio dos leyes criticadas por la UE, anunció que había “tomado la decisión” de promulgar las nuevas versiones de esos textos, a pesar de que no lograron aplacar las críticas.
Tres meses de plazo
Bruselas detalló sus preocupaciones en varias recomendaciones al gobierno polaco, entre ellas la supresión del poder del presidente de Polonia en la prolongación de los jueces del Tribunal Supremo o la restitución de la “independencia y legitimidad del Tribunal Constitucional”.
Tras meses de un infructuoso diálogo con Varsovia, decidió cumplir su amenaza de julio y activar el artículo 7, un mecanismo que, al término de un proceso complejo, puede acarrear una suspensión del derecho de voto en el seno del Consejo de la Unión Europea, la instancia donde los 28 contribuyen a elaborar las legislaciones europeas.
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La Comisión dio de plazo tres meses a Varsovia para que modifique su reforma. En última instancia y tras una fase de diálogo, los mandatarios, sin su par polaco, están llamados a constatar “por unanimidad” una “violación grave” de los valores europeos —paso previo a adoptar la sanción—, pero Hungría ya anunció que defendería a su aliada Polonia de la “inquisición”.
Sanción económica
La sanción económica parece una amenaza más concreta y, en esta línea, la UE plantea nuevas herramientas, como condicionar el acceso a determinados fondos europeos de desarrollo al respeto de los valores y decisiones europeas.
“Estoy firmemente convencido de que los Estados soberanos —y Europa debe ser una Europa de Estados soberanos— tienen todo el derecho a reformar sus sistemas judiciales”, había declarado la semana pasada el nuevo primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, al margen de una cumbre europea.
El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, quiso tenderle una mano a Morawiecki invitándolo a Bruselas el 9 de enero. “Es un día difícil para Polonia y también para la UE”, y el “diálogo es especialmente necesario en semejantes momentos”, dijo Juncker.
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