Si se tratara de calificar el Informe Final de la Misión de Acompañamiento de la OEA, de las recién pasadas elecciones municipales, podríamos decir que carece de la contundencia de los informes que emitieron las misiones de observación de la misma OEA sobre las elecciones municipales del 2008 y las presidenciales del 2011.
Se trata de un informe escrito con esmerada suavidad. Y lo que más llama la atención es que los miembros de la Misión, que visitaron varios municipios del país, no se dieron cuenta de la gran abstención electoral sino que avalan las cifras de votantes que registró el Consejo Supremo Electoral (CSE). En el Informe no aparece ninguna alusión al rechazo que el pueblo nicaragüense dio a estas elecciones, dirigidas y administradas por el mismo CSE, cuya credibilidad fue seriamente cuestionada en los informes anteriores de la OEA.
Si bien esta vez en el informe no se califica de “poder independiente” al CSE, tal como lo hizo la Misión en su Informe Preliminar, esta vez se limitaron a decir que “algunos actores respaldaron el trabajo del CSE durante este proceso por considerar que cumple con el mandato constitucional como poder independiente, mientras que otros señalaron desconfiar de dicha máxima autoridad por parcialidad a favor del partido de gobierno. La confianza en las instituciones, agrega la Misión, es fundamental en todos los procesos electorales”.
La misión reconoce que el sistema para la resolución de las disputas electorales es deficiente hasta el punto que las impugnaciones que presentan los partidos son, tradicionalmente, rechazadas por el CSE. Ante esta situación, la misión propone que se elabore un reglamento para la resolución de las disputas.
El Informe hace mención a una serie de irregularidades que se dieron en el proceso así como de las denuncias recibidas por la presencia de “fuerzas de seguridad que llegaron a votar en grupo aumentando de manera significativa la cantidad de votantes en una misma JRV”.
Esta vez la Misión menciona que tomó conocimiento que siete personas resultaron muertas y las situaciones de violencia dejaron varios heridos. Nos parece bien que la Misión no se limite a lamentar estos hechos sino que espere que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y que castiguen a los responsables de los crímenes, algo que nuestras autoridades todavía no han hecho.
En sus conclusiones la Misión manifiesta que si bien se han identificado avances importantes en diversos componentes también observó debilidades que la Misión considera “propias de todo proceso” (?). Compartimos, en este sentido, la conclusión en virtud de la cual la Misión expresa que “el sistema electoral nicaragüense se beneficiaría de una reforma electoral comprehensiva que abarque diversos temas. Es necesario un marco jurídico y administrativo de carácter permanente en busca de mayor confianza y seguridad a las fuerzas políticas y a la ciudadanía”.
En cambio no compartimos la conclusión fundamental a que llega la misión cuando dice: “Pese a los hallazgos señalados en este informe y que son objeto de recomendaciones para su superación o mejora, estos no han afectado en los substancial la voluntad popular que se manifestó en las urnas en la gran mayoría de los municipios del país”.
Nos parece interesante que la misión reconozca que los reclamos de fraude cometidos en varios municipios “tienen mérito suficiente para ser controvertidos, analizados e investigados, a la luz de los antecedentes presentados” y que “en aras del resguardo de la voluntad popular la MAE/OEA reitera la conveniencia que el CSE pudiera considerar e investigar estos hechos en la medida que corresponda a su competencia, para despejar las razonables dudas que recaen en los resultados de estos municipios”. El informe deja la decisión en manos del CSE, el cual dudamos que atienda este importante señalamiento de la MAE/OEA.
Muchas de las conclusiones del Informe Final podrían ser retomadas en el trabajo que la OEA espera hacer en los próximos tres años, de conformidad con el convenio suscrito con el Gobierno de Nicaragua. Lo importante es que se atienda el reclamo nacional por un sistema electoral confiable que nos garantice unas elecciones libres, justas y transparentes, tal como lo mandata la Carta Democrática Interamericana. Ojalá así lo entienda Luis Almagro y se abstenga de nombrar al señor Penco como jefe de la Misión de la segunda etapa del Convenio.
El autor es jurista y catedrático.
