Roberto Rivas, historia del magistrado impune

El presidente del CSE no ha sido juzgado, pese a vida inmersa en escándalos.

Roberto Rivas

El magistrado Roberto Rivas Reyes, presidente del CSE, quien en los últimos días se ha ausentado de las actividades públicas. LA PRENSA/ARCHIVO

Roberto José Rivas Reyes es magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) desde hace 22 años. A lo largo de su carrera ha sido señalado por sus detractores de acumular riqueza y perpetrar fraudes electorales a favor del Frente Sandinista desde 2008, pero nunca ha sido juzgado.

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Rivas dirigió la Comisión de Promoción Social Arquidiocesana (Coprosa), el órgano de la caridad de la Iglesia católica que introdujo millones de dólares en mercadería exonerados de impuestos, según informes de auditoría en 2003.

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El nombre de Rivas ha sido vinculado —en investigaciones periodísticas— a la compra de lujosas propiedades, tanto en Nicaragua como Costa Rica, y a la adquisición de aviones.

Rivas es hijo de la asistente del arzobispo emérito de Managua, el cardenal Miguel Obando.

Los acuerdos políticos entre Obando y el caudillo sandinista Daniel Ortega salvaron a Rivas en 2002 de una sanción de la Contraloría General de la República, cuando, según los diarios de la época, estaba lista una resolución en la que lo sancionaban. El abogado Gabriel Álvarez dice no sorprenderse por las sanciones de Estados Unidos contra Rivas, a través de la Ley Global Magnitsky —que es una norma que persigue a extranjeros corruptos y violadores de derechos humanos—. Álvarez considera que son exactamente igual a las denuncias que a través de los años han hecho varios sectores nicaragüenses.

Álvarez lamentó y consideró vergonzoso para Nicaragua que un país extranjero sea el que castigue a un funcionario local.

El abogado Oscar Castillo hizo énfasis en la vergüenza que significa para el país entrar a una “lista negra” particular de personas corruptas.

Consideró que esta sanción puede generar un “efecto dominó” contra otros funcionarios públicos, recordando que la iniciativa de Ley Nica Act —que de ser aprobada totalmente, Estados Unidos aplicaría sanciones económicas al gobierno de Daniel Ortega— también establece elaborar una lista de funcionarios corruptos en el país.

Castillo opinó que, en general, la Ley Global Magnitsky manda un mensaje de que los funcionarios corruptos serán sancionados.


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Cercano a Daniel Ortega

Roberto Rivas fue nombrado magistrado del Consejo Supremo Electoral en julio de 1995, a pedido de quien es considerado su protector, el cardenal Miguel Obando y Bravo.

En el 2000 fue reelecto magistrado, a propuesta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y al amparo del pacto de Arnoldo Alemán-Daniel Ortega que hizo posible la reforma constitucional con la que los caudillos se repartieron el Estado.

En la actualidad, Rivas es señalado por los opositores de perpetrar con los demás magistrados en el CSE fraudes electorales a favor del sandinismo. Según una investigación periodística del diario La Nación, de Costa Rica, publicada en 2009, los hijos de Ortega, Maurice y Laureano, se hospedaban en la mansión del funcionario electoral en ese país, ubicada en residencial Villarreal, en Santa Ana, nueve kilómetros al oeste de la capital, San José.

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