El Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) ha sancionado con la aplicación de la Ley Magnitsky, al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes. Esto significa que todos los activos financieros y de cualquier otra clase que este individuo tenga en EE. UU., han sido bloqueados. Tampoco podrá hacer negocios con personas y empresas estadounidenses y le queda prohibido entrar a ese país.
La sanción de la Ley Magnitsky es un castigo personal para Roberto Rivas, pero más que todo va dirigida contra el régimen orteguista. El Gobierno de los EE. UU. no sanciona a Roberto Rivas por sus negocios y andanzas personales, sino por la prominente y sombría función oficial que desempeña en Nicaragua, como presidente del CSE al servicio del régimen de Daniel Ortega.
“La corrupción y el abuso de los derechos humanos socavan los valores que constituyen un fundamento esencial para el funcionamiento de sociedades estables y seguras, y tiene devastadores efectos sobre los individuos, debilitan las instituciones democráticas, degradan el Estado de derecho, perpetúan los conflictos violentos, facilitan las actividades de las personas peligrosas y socavan los mercados económicos”, se dice en la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump para que la Ley Magnitsky sea aplicada al alto funcionario nicaragüense y a otras personas de la misma ralea, en varios países del mundo.
Por su parte, el secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, explicó que de esta manera “EE. UU. toma fuertes medidas contra el abuso de derechos humanos y corrupción global cerrando el acceso de estos malos actores” al Sistema Financiero estadounidense.
De manera que no ha sido por casualidad que la sanción a Roberto Rivas se anunciara inmediatamente después de que la OEA dio a conocer su informe final sobre las cuestionadas votaciones municipales de noviembre pasado. El mensaje es claro. Significa que Daniel Ortega tiene que hacer cambios sustantivos y positivos en el sistema electoral, comenzando por la cúpula del CSE, o se arriesga a sufrir otras sanciones en las personas de algunos de sus representantes y aliados más conspicuos, que son señalados por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
El organismo de la sociedad civil Hagamos Democracia ya demandó a Ortega la destitución de Roberto Rivas de los cargos de magistrado y presidente del CSE. A su vez, el Frente Amplio por la Democracia expresó que es prioridad número 1 “la elección de nuevos magistrados entre personas de indudable prestigio y compromiso, y la destitución de los actuales, a quienes por sus actuaciones debería prohibírseles ocupar cargos públicos”.
Como se dice popularmente, la pelota está en la cancha de Ortega. Si el caudillo sandinista fuese inteligente y pragmático, haría caso a la señal que le está llegando de
EE. UU. Así se evitaría más sanciones y males mayores, como sería por ejemplo la aprobación de la Ley Nica Act.
Ojalá que Ortega pudiera atender la señal, por su propio bien y el de Nicaragua.
