El defensor de derechos humanos y director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, caracterizó a Nicaragua como un país donde “todo el peso de la Ley” recae contra los individuos o grupos sociales que reclaman sus derechos, mientras que las acusaciones de corrupción contra funcionarios públicos son ignoradas totalmente por el gobierno de Daniel Ortega.
Este jueves se conoció que Estados Unidos sancionó económicamente al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, a través de la Ley Global Magnitsky, que persigue a extranjeros corruptos y violadores de derechos humanos.
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Rivas lleva más de 20 años recibiendo señalamientos de enriquecimiento ilícito, evasión de impuesto, desvío de fondos públicos, además de las acusaciones de perpetrar fraudes electorales desde 2008, a favor del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La sanción extranjera a Rivas avivó la crítica de que el sistema judicial nicaragüense actúa de acuerdo con intereses políticos partidarios, porque mientras se ignoran los señalamientos contra Rivas, en las recién pasadas votaciones municipales se arrestó y procesó a los ciudadanos que protestaron por las irregularidades electorales.
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La masacre militar contra seis campesinos (entre ellos dos niños) en La Cruz de Río Grande (Caribe Sur) fue mencionado por Carrión para ilustrar el uso desproporcionado de la fuerza contra ciudadanos comunes.
5 personas fueron asesinadas en medio de la violencia política que se vivió después de las votaciones municipales, sin embargo no hay ninguna investigación ni acusados.
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