Las fuertes medidas adoptadas por el gobierno estadounidense podrían dañar las negociaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el gobierno del nicaragüense de Daniel Ortega, ya que en opinión de analistas políticos, el mandatario vería al organismo como un interlocutor innecesario para frenar las acciones que amenazan con desestabilizar la economía local.
Julio Icaza Gallard, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), opinó que las sanciones impuestas por Estados Unidos a Roberto Rivas, magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), convierten al funcionario en un interlocutor incómodo para la OEA en su trabajo de lograr que se hagan los cambios institucionales que restauren la credibilidad en el Sistema Electoral del país.
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El jueves pasado, el presidente del CSE, Roberto Rivas, fue sancionado por EE.UU. a través de la Ley Global Magnitsky, que persigue a extranjeros corruptos y violadores de derechos humanos.
“Será difícil para la OEA, y en particular para el secretario general Almagro, tener como interlocutor en el Acuerdo de Cooperación con el gobierno de Ortega a una persona incluida en una lista de personas presumidas de corruptas y criminales”, consideró Gallard.
La acción contra Rivas no es la única que EE.UU. ha adoptado para presionar al régimen de Ortega.
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El miércoles, en el seno del Consejo Permanente de la OEA, al presentarse el informe final sobre las elecciones municipales en Nicaragua, Estados Unidos externó su preocupación por la violencia política que se produjo después de las votaciones y la falta de investigación de los casos de muertes en el proceso.
Golpe al régimen
Gallard cree posible que en 2018 se “haga un recambio en la presidencia del CSE” que implicaría que Rivas salga de la institución.
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El exembajador duda de que el orteguismo ceda su dominio que le garantiza mantenerse en el poder. “Se trataría de cambios en el marco de una política de gato pardo, es decir, de cambiar algunas cosas para que nada cambie”, dijo.
José Dávila, analista político y exembajador de Nicaragua en Alemania, valoró como “un golpe moral demoledor contra el régimen de Daniel Ortega” la sanción de EE.UU. contra Rivas, al ser ese uno de sus principales aliados que le han garantizado la permanencia en el Gobierno mediante votaciones denunciadas de fraudulentas por la oposición.
Dávila dice que Ortega solo tiene dos opciones y son dejar a Rivas en el CSE para “protegerlo y seguir como si nada o apartarlo de la escena política del país y aprovechar para algún maquillaje político”.
“Ambas opciones son negativas para el Gobierno, pero es más negativa” no sacarlo del CSE, afirmó Dávila.
Si no se anuncian cambios en mejorar la imagen en favor de la democratización de Nicaragua, según Dávila, se perderá la oportunidad para detener nuevas medidas que están previstas contra otros funcionarios orteguistas.
Gallard y Dávila coincidieron en que habrá más funcionarios nicaragüenses que EE.UU. añadirá también a la lista de sancionados por la Global Magnitsky Act.
“Para el Gobierno es el momento de desmontar el sistema autoritario e iniciar la restauración democrática. Es tiempo de poner calendarios, plazos, tener fechas concretas para evitar los efectos negativos de la Nica Act”. Óscar René Vargas, sociólogo.
Efecto Nica Act
La segunda acción fuerte de Estados Unidos fue este viernes, ya que siete senadores respaldaron la discusión de la iniciativa Nica Act ante el Senado, que es una Ley que tiene el objetivo de bloquear el acceso a financiamiento en organismos internacionales de parte del gobierno de Daniel Ortega por las violaciones a la democracia y a los derechos humanos.
Óscar René Vargas, sociólogo y analista político, recordó en un artículo de opinión que el 2017 los EE.UU. ha ido cercando económicamente a Ortega, debido a que se recortó la ayuda bilateral a Nicaragua de diez millones de dólares a 200 mil dólares anuales. “Luego fue la suspensión del TPS para los nicaragüenses residentes en EE.UU. y la aprobación en octubre en el Congreso de la Ley Nica Act, “la cual podría ser aprobada finalmente en el Senado en el primer trimestre del 2018”, dijo Vargas.
