Al hacer el balance nacional del año 2017, hay que reconocer los logros alcanzados por el régimen de Daniel Ortega, principalmente en los ámbitos de la economía y el entretenimiento.
Ortega y su equipo económico lograron este año mantener la estabilidad de la macroeconomía, a pesar de la pérdida de ingresos provenientes de la cooperación de Venezuela. Los líderes de los gremios empresariales han dado fe, a finales de año, de que gracias a las políticas económicas del Gobierno y las buenas relaciones entre ambos sectores, las inversiones y los negocios siguieron mejorando en el 2017.
Por otra parte, el régimen orteguista obtuvo este año un apreciable éxito también en el ámbito de los deportes y el entretenimiento social en general. La celebración en Nicaragua de los XI Juegos Deportivos Centroamericanos, dejó más medallas que nunca a los atletas nicaragüenses y al país costosas pero magníficas obras de infraestructura deportiva, así como magníficos ingresos extraordinarios a la industria nacional del turismo.
De manera que se debe reconocer que el régimen de Daniel Ortega se apuntó en el año que concluye un gran éxito en la práctica de la política de pan y circo, que fue inventada por los antiguos emperadores romanos y en la actualidad los gobiernos autoritarios y populistas la ejecutan para mantener a la gente satisfecha, tranquila y sometida.
En la otra cara de la moneda, o sea la cuenta negativa del balance nacional del año 2017, sobresalen ante todo la farsa electoral municipal de noviembre y la masacre militar de La Cruz de Río Grande. En las montañas de Nicaragua se sigue derramando impunemente la sangre de campesinos como ocurría en los sombríos tiempos de la dictadura somocista.
También hay que consignar como un importante hecho negativo, la aprobación de la Ley Nica Act en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que de ser ratificada por el Senado se teme que causaría severos perjuicios a la economía nacional y al clima de negocios, y, como consecuencia, afectaría a toda la población nicaragüense.
Hay que registrar igualmente como un hecho bastante negativo, la sanción impuesta por Estados Unidos al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, que está dirigida personalmente contra este personaje pero daña el crédito internacional del país. Esta sanción cuestiona a todo el Estado de Nicaragua, al ser el presidente de uno de sus poderes el sancionado por acusaciones de fraude electoral, corrupción y violación a los derechos humanos de los nicaragüenses, a los que se les ha arrebatado el derecho de votar y elegir libremente a sus gobernantes y representantes.
Pero a pesar de que la aplicación de la Ley Magnitsky a Roberto Rivas —que podría extenderse a otros prominentes funcionarios del régimen orteguista—, así como la amenaza de la Nica Act, son aspectos muy negativos para el Gobierno en el balance nacional de este año, la verdad es que se podrían tornar en algo positivo. Esto depende de que Daniel Ortega comience a cumplir un programa de reformas democráticas sustantivas: electorales, judiciales y administrativas, y que asuma el compromiso de respetar incondicionalmente los derechos humanos y castigar a quienes los han violado en forma cruel y sistemática.
