Acusados por violencia en San Dionisio están libres pero irán a juicio

Los actos violentos en San Dionisio se dieron cuando liberales reclamaban a las autoridades electorales una serie de anomalías contra su partido.

Simpatizantes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) son procesados por delitos comunes en San Dionisio, Matagalpa. LA PRENSA/L. E. MARTÍNEZ

Los ocho matagalpinos acusados por supuestamente participar en los actos de violencia electoral el pasado 31 de octubre frente al Consejo Electoral Municipal (CEM) en San Dionisio, enfrentaran el proceso judicial en libertad, pues fueron entregados a sus familiares el pasado 23 de diciembre sin entregarles ningún documento ni especificar bajo que figura legal les estaban dando la libertad, explicó Rosa Amelia Montenegro, abogada de cuatro de los indiciados.

Este jueves en horas de la mañana, también fue reprogramada para el 18 de enero del próximo año, la audiencia inicial contra el adolescente involucrado en este caso.

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“Nos hicimos presente al juzgado de adolescente y ni siquiera la fiscal sabía que el joven estaba libre y como solo estaba el juez suplente atendiendo los casos que entran con reo detenido durante el turno de fin de año, se levantó el acta de que comparecimos y se programó la audiencia para el 18 de enero de 2018”, explicó Montenegro.

La abogada igualmente detalló que los siete adultos acusados en este proceso de lesiones en distintos niveles de gravedad contra varias personas, incluyendo a cinco policías; daño agravado contra el CEM y la Policía en San Dionisio, obstrucción de funciones y portación ilegal de armas; van a juicio el próximo nueve de enero, un día después de regresar de las vacaciones de fin de año.

Libres sin documentos

Los procesados a quienes sus familiares y correligionarios los consideran “reos políticos” fueron liberados presuntamente bajo el régimen de “Convivencia familiar”, el sábado 23 de diciembre junto a otros 875 privados de libertad que estaban en distintos sistemas penitenciarios del país.

“Desconocemos la figura utilizada porque no se nos dio documentos, pero fue un trámite administrativo en Gobernación, nada se tramitó en los juzgados ni se nos notificó”, insistió Montenegro.

Este trámite administrativo lo realizaron amparados en la Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena. El beneficio de la convivencia familiar está estipulado en el artículo 60 de dicha ley y opera para todas las personas privadas de libertad, sea por encontrarse bajo detención provisional o por estar sentenciadas al cumplimiento de una pena, según artículo 12 de dicha ley.

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Bajo este régimen, se podrán ubicar a los ciudadanos que en general carezcan de antecedentes penales, siempre y cuando los delitos por los cuales hayan sido procesados y condenados no sean aquellos que por su naturaleza no aceptan fianza de ningún tipo.

La incorporación a este Régimen es a propuesta del director general del centro penitenciario, quien debe de coordinar con el juez ejecutor de la pena, en base a los criterios y las recomendaciones del equipo interdisciplinario.

Hechos

Los actos violentos frente al CEM de San Dionisio se dieron cuando liberales reclamaban a las autoridades electorales una serie de anomalías contra su partido.

El incidente ocurrió cerca de las 3:00 p.m del 31 de octubre de 2017., después que el PLC cerró su campaña en el poblado de San Dionisio y una parte de quienes participaron en la actividad decidieron moverse hacia el CEM para protestar por diversas anomalías que ese partido político había denunciado en esos días de campaña.

Los ocho procesados ahora en libertad fueron detenidos en operativos ejecutados el 1 y 2 de noviembre , como sospechosos de haber participado en una protesta de liberales que terminó en violencia frente al (CEM) en San Dionisio.

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