La presidenta emérita del comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, instó a su gobierno aplicar “designaciones adicionales” a través de la Global Magnitsky Act, a personas involucradas en actos de corrupción y violación a derechos humanos en la próxima ronda de sanciones que, según fuentes del gobierno de Estados Unidos, podrían ser anunciadas durante el primer trimestre del 2018.
Las declaraciones de la congresista se originaron después del anuncio de sanciones de Estados Unidos contra el presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, a través de la Global Magnitsky Act.
Aunque instó a incluir nuevas designaciones no mencionó nombres adicionales de nicaragüenses vinculados al gobierno del designado presidente Daniel Ortega, pero sí reiteró el nombre de Francisco López, vicepresidente de Alba de Nicaragua SA (Albanisa), la subsidiaria de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Esperan sanciones a Francisco López
La legisladora cubanoamericana dijo esperar la designación de López en la próxima ronda de sancionados, debido a su participación en la erosión de las instituciones democráticas en Nicaragua.
La sanción implica el congelamiento de cuentas bancarias, bienes, suspensión de visas, no pueden hacer negocios con ciudadanos o empresas estadounidenses, y la inclusión en la llamada “lista negra” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
La carta pidiendo castigo a funcionarios de Daniel Ortega
En una carta enviada hace un par de meses por congresistas y senadores de ambos partidos (demócratas y republicanos), al presidente Trump, y al Departamento del Tesoro, solicitan sanciones para Roberto Rivas y el vicepresidente de Albanisa, Francisco López, también expresan que Albanisa debe ser investigada por el Departamento del Tesoro.
También, en la carta hacen alusión al Informe de Transparencia Fiscal del Departamento de Estado de 2017, que manifiesta que el gobierno de Ortega ha mantenido la ayuda venezolana fuera del presupuesto de la República, y que esa asistencia no ha estado sujeta a auditoría o supervisión legislativa.
