De conformidad con los Contratos de Compra de Potencia PPA (los contratos de suministro a varios años son básicamente del mismo tipo), las empresas generadoras reciben un pago fijo por la potencia instalada por un periodo de 15 años o más. Este pago fijo se hace mensualmente a las empresas generadoras exclusivamente por la potencia que tienen instalada, aun cuando no se haga ningún uso de esta potencia para generar energía.
Dicho pago es independiente del pago que se les hace, aparte, por la cantidad de energía que generan.
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Teóricamente, estos contratos sirven para eliminar el riesgo de los inversionistas de ver limitados sus ingresos a las cantidades variables de energía que eventualmente se les puedan demandar, y les garantizan, de antemano, un flujo de ingresos estable y seguro que les permite recuperar la inversión y obtener un retorno de la misma.
Por lo general, los pagos por potencia instalada aseguran que en aproximadamente la mitad de los 15 años las empresas ya habrán recuperado su inversión. Supongamos que en 2009 se suscribió un contrato de compra de potencia con un generador que instala unas plantas térmicas cuya capacidad de generación es de 200 MW, y cuyo costo fue de 250 millones de dólares. El pago fijo mensual acordado es de 15 dólares por cada kw/h de potencia instalada. Este generador recibirá un pago mensual de 3 millones de dólares y anual de 36 millones de dólares.
En 15 años, el pago total ascendería a 540 millones de dólares. En los primeros 7 años ya habría recuperado la inversión de 250 millones de dólares, y continuará recibiendo los pagos por 8 años más, acumulando 290 millones de dólares adicionales.
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El conjunto de cargos o pagos fijos a los generadores por la potencia instalada se traslada enteramente al consumidor final, a través de la tarifa.
En el caso de Nicaragua, la incidencia que esto tiene sobre los costos de la energía obedece a que la capacidad instalada actual, en un grado importante, corresponde a energía no firme o “no despachable”. Ello fuerza a mantener, como reserva, una considerable capacidad adicional de generación firme, predominantemente térmica.
Esto ha generado una considerable capacidad de generación excedente, la cual supera en 100 por ciento a la demanda máxima, buena parte de la cual permanece ociosa o subutilizada gran parte del tiempo.
Dado que las empresas generadoras bajo contratos PPA o similares reciben pagos fijos por la capacidad o potencia instalada, aunque las empresas no generen energía, el agregado total de pagos fijos que se acumula para poder mantener esta masiva capacidad excedente, pesa muy fuerte sobre la tarifa.
Por lo demás, la práctica, que se suponía transitoria, de hacer contratos sin licitación se continuó usando a lo largo de la década, de manera que hasta la fecha no ha ocurrido una sola licitación para los contratos de generación de energía. Ello ha imposibilitado escoger al mejor generador técnica y comercialmente por la vía de procesos transparentes.
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En el documento del BID correspondiente al préstamo que se condiciona a la reducción de los subsidios, se reconoce que la ausencia de licitaciones ¨no permite contar con señal de precio competitivo para la energía transada en el mercado mayorista¨. Los costos resultantes se continuarán pagando durante quince o veinte años más.
Por otra parte, además de la acumulación de pagos fijos que sostienen la capacidad excedente que existe, también se traslada a los consumidores la mayor parte del costo de las elevadas pérdidas de energía que ocurren en la distribución. El denominado “factor de expansión de perdidas” negociado por el gobierno de Nicaragua con la empresa distribuidora, determina el porcentaje de las pérdidas de energía que se traslada a los consumidores. Como resultado de este “factor”, en 2016 el 63 por ciento del costo de las perdidas fue trasladado a la tarifa. Esto represento trasladar a los consumidores un monto de más de 111 millones de dólares.
*Economista