El panorama político se complica para el gobierno del designado presidente Daniel Ortega, tras la designación de sanciones de Estados Unidos al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, a través de la Global Magnitsky Act, coinciden nicaragüenses en el exterior.
El pasado 21 de diciembre, Rivas fue incluido en la última ronda de sanciones de Estados Unidos, a través de la Magnitsky Act, y pasó a formar parte de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que prohíbe el ingreso a Estados Unidos, congela los activos y bienes que estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
“Se le hace más complejo la situación política a la dictadura de Ortega con la aplicación de Magnistky (a Roberto Rivas), y ante la gran posibilidad de la aprobación de la Nica Act en el Senado”, dijo Marlon Navarrete, nicaragüense radicado en Miami.
Carlos Thomas, representante de la comunidad miskita en Estados Unidos, es de la opinión que la sanción a Rivas es oportuna.
“Estamos claros y muy de acuerdo que ya era tiempo que alguien le pusiera un freno a la corrupción en nuestro país. El futuro de nuestra Nicaragua en manos de la familia Ortega-Murillo, no puede tener nada bueno”, afirmó Thomas.
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Mientras, German Peña, representante de la organización Nicaraguan American Opportunity Foundation, estima que Estados Unidos debe seguir aplicando la Ley a corruptos y violadores de derechos humanos.
“Lo que más deseo es ver libre a Nicaragua de esa tiranía que nos obligó a miles de nicaragüenses a salir del país, no hay otra razón para que dejáramos el país”, dijo Peña, que emigró a Estados Unidos en la década de los 80.
Mensaje de congresista
“Mis colegas y yo instamos a la administración que sancione (a través de la Global Magnitsky Act) a más violadores de derechos humanos en Nicaragua, publicó la congresista Ileana Ros-Lehtinen, durante el fin de año en su cuenta de Twitter.
Se refiere a la carta enviada a inicios de diciembre del 2017, por seis congresistas y cuatro senadores de ambos partidos (demócratas y republicanos), al presidente Trump, y al Departamento del Tesoro, solicitando sanciones para Roberto Rivas y el vicepresidente de Albanisa, Francisco López, en la que también exhortan a investigar a Albanisa.
Tras el anuncio de las sanciones a Rivas, Ros-Lehtinen dijo que espera que López sea incluido en la próxima ronda de sanciones de la Magnitsky Act.