Las pintas, dice el Diccionario del Español de Nicaragua, son las “lluvias que anuncian la entrada temprana o tardía del invierno”. Son las lluvias ligeras que caen, aunque no siempre, en los primeros días del año, e indican si lloverá o no en cada mes de la temporada lluviosa de Nicaragua. Por las pintas, pues, se puede saber o esperar si el invierno de ese año será bueno o malo.
Aplicando esta regla a la situación económica y política del país —pero en este caso incluyendo lo ocurrido al final del año anterior—, se puede advertir que no son buenas las pintas para el 2018.
Economistas independientes ajenos a sesgos políticos hablan claramente sobre la inminencia de graves problemas económicos en el país, que es necesario atenderlos pronto y con responsabilidad.
La drástica reducción de la cooperación petrolera venezolana, pero sobre todo la aplicación de la Ley Magnitsky y la probable aprobación de la Ley Nica Act en los Estados Unidos, auguran dificultades que podrían desencadenar una crisis nacional de consecuencias incalculables.
Los expertos señalan —y esto lo puede comprender cualquier persona sensata— que es necesario tomar medidas extraordinarias para proteger la estabilidad política y macroeconómica, garantizar la seguridad jurídica y disponer reglas más claras y confiables para las inversiones, las operaciones de la empresa privada y el mejoramiento del ambiente de negocios. Sin embargo, las medidas económicas no pueden funcionar si no van acompañadas con cambios políticos sustantivos, no solo reformas superficiales para simular que se cambia y no cambiar nada.
Las buenas pintas son precisamente la oportunidad que abre la amenaza de crisis económica para salir del camino de regresión de la institucionalidad democrática, por el cual el régimen de Daniel Ortega ha llevado al país en los últimos 11 años y es la causa de las graves dificultades que ahora se están lamentando.
Si la causa de la amenaza a la estabilidad económica y política nacional es la corrupción del sistema electoral, la centralización de todos los poderes del Estado en manos del titular del Ejecutivo, la supresión de la independencia de la justicia, la politización de los cuerpos armados y el autoritarismo gubernamental, es fácil entender que lo procedente es hacer las reformas institucionales necesarias para que el país pueda regresar a la senda correcta.
En sus declaraciones de principios de año brindadas a LA PRENSA, el cardenal Leopoldo Brenes llamó a un diálogo de todos los sectores del país, con visión de nación. Y precisó que “el diálogo no solamente es responsabilidad del presidente (Daniel Ortega) sino de todos”.
El cardenal Brenes tiene razón. Pero el más obligado a procurar el diálogo para buscar soluciones viables a los problemas nacionales, es el mismo Ortega. Inclusive, si el ego le impide ceder ante sus adversarios podría por su propia cuenta impulsar las reformas. Pero reformas verdaderas, no de mentira. Cambios que apunten a resolver los grandes problemas que él mismo ha provocado y que merezcan por eso la confianza nacional e internacional.
