Elea Valle urge al gobierno le entregue los cuerpos de sus hijos

Valle explicó que está enferma y sin recursos económicos para viajar continuamente a Managua, para exigir justicia por la muerte de sus hijos Francisco Alexander y Yojeisel Pérez Valle

Elea Valle

A finales de noviembre del año pasado Elea Valle denunció el crimen de sus dos hijos en el Ministerio Público, pero sigue sin recibir respuesta. LA PRENSA/ARCHIVO E. ROMERO

A 46 días de ocurrida la masacre de La Cruz del Río Grande, Elea Valle, urgió del gobierno una respuesta más ágil a su demanda de la entrega de los cuerpos de sus hijos.

Valle explicó que está enferma y sin recursos económicos para viajar continuamente a Managua, para exigir justicia por la muerte de sus hijos Francisco Alexander y Yojeisel Pérez Valle, de 12 y 16 años respectivamente, durante un operativo del Ejército de Nicaragua.

A su vez Elea Valle, reclama al gobierno que al menos le entreguen una casa para vivir junto a sus tres hijos menores que aún le quedan para no andar deambulando.

“Solo caminando y ese gran gasto desde que uno se monta en el bus hay que pagar, y ahora la comida (…) entonces yo quiero ver la respuesta de esos bandidos que los entreguen ya”, demandó Valle.

Apuestan al desgaste

El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión y el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, coincidieron en señalar que Valle enfrenta situaciones similares a los que han padecido familiares de víctimas que reclaman justicia.

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Ambos refieren que en este tipo de casos el Estado apuesta al desgaste físico y económico para que los reclamantes desistan de su demanda de justicia.

Muchas veces las autoridades a lo que apuestan es al cansancio y al desgaste, “por ejemplo es cuestión de tiempo para que (Elea Valle) ya no tenga más recurso para seguir reclamando justicia”, dijo Cuevas.

Tras expresar Cuevas que aunque Valle esté empecinada en obtener justicia, su realidad económica podría incidir en que siga reclamando justicia y los que están llamados a hacer justicia saben de esa realidad.

La respuesta tardía “es un estilo utilizado por el Estado para someter a las personas a nivel de desgaste emocional para que las familias terminen implorando”, afirmó Carrión, quien aclaró que en estos casos el Estado tiene la obligación de asumir todas las consecuencias del daño que sus agentes han provocado, incluidas las consecuencias del crimen mismo.

En esto incluye, dijo Carrión, los esfuerzos de la familia ofendida, en este caso de Valle, en su búsqueda de justicia para que le entreguen los cadáveres, así como el tema de la salud de la demandante cuya situación se ha agravado por todo el impacto que significa trasladarse desde comunidades lejanas para hacer sentir su voz.

Son daños que han sido provocados por la masacre y del manejo que han tenido, desde la masacre mismo se han sumado ofensas que redundan también en el desgaste económico y emocional, dijo Carrión.

“No es como que ‘doña Lea necesita ayuda’ (…) otra cosa es la expresión de solidaridad de la población, pero el Estado tiene la obligación (con Valle)”, aclaró Carrión.

Otros casos

Gonzalo Carrión recuerda otros casos en los que las autoridades ha recurrido al desgaste y mencionó el caso de la camerunesa Mary Frinwie Atanga Azehfor y su acompañante Tchamani Joseph Maglorie, por reclamar el cuerpo de su hijo migrante Mbang Atanga Azehfor.

Pablo Cuevas mencionó el de la llamada mochila bomba y de los familiares de acusados de matar a cinco policías en Punta Gorda.