Los partidos políticos que acompañaron al FSLN en las votaciones municipales de noviembre pasado, anunciaron que los alcaldes y concejales que obtuvieron —o les asignaron—, tomarán posesión de sus cargos, sin importarles que sea Roberto Rivas Reyes quien se encargue de juramentarlos.
Como es bien sabido, Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), fue sancionado en vísperas de la Navidad recién pasada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU.), con la aplicación la Ley Magnitsky, que castiga a funcionarios públicos y personajes particulares de cualquier país que cometen graves actos de corrupción, atropellos a la democracia y violación de los derechos humanos.
A raíz de la aplicación de la Ley Magnitsky al presidente del CSE, surgió la interrogante de si los nuevos alcaldes y concejales opositores deberían tomar posesión de sus cargos ante él, o abstenerse de hacerlo por respeto a la ética política. Sobre esto compartimos entonces la opinión de un académico del Derecho y el jueves 28 de diciembre pasado opinamos en este espacio editorial, que el dilema no era jurídico ni político, sino ético. Dijimos que este tema se relaciona con el antiguo debate acerca de “hasta dónde lo jurídico y lo político están vinculados o disociados de lo ético”. Y expresamos que, en todo caso, la decisión de tomar posesión o no ante el sancionado Roberto Rivas era algo que resolverían los alcaldes y concejales opositores electos, y sus partidos, según lo que les dictara su conciencia o les indicaran sus intereses.
La decisión ya la tomaron. Según se ha informado tomarán posesión de los cargos de elección popular aunque sea Rivas quien les tome la promesa de ley.
Pero esto es un problema menor de la micropolítica criolla. El dilema mayor es el que tiene ante sí Daniel Ortega. Si Roberto Rivas Reyes aparece juramentando a los nuevos alcaldes y concejales sería un mensaje de Daniel Ortega de que le tiene sin cuidado la sanción que EE.UU. ha impuesto a su principal funcionario electoral. Pero si Rivas Reyes renuncia a sus cargos en el CSE antes de la toma de posesión, o con cualquier pretexto no se presenta en la ceremonia de juramentación, el mensaje de Ortega sería que está valorando la sanción y sus consecuencias y que podría tomar una decisión razonable.
El prolongado silencio oficial sobre la contundente sanción a Roberto Rivas, se puede entender como que Ortega está planeando cuidadosamente lo que hará en este caso, ante el peligro de que la aplicación de la Ley Magnitsky se extienda a otros de sus prominentes colaboradores.
Ortega podría finalmente reaccionar de manera visceral a la sanción de la Ley Magnitsky, calificándola como una agresión imperialista y avalando la permanencia de Roberto Rivas al frente del CSE, pero de esa manera solo escalaría el enfrentamiento con los EE.UU.
Por otro lado, Ortega podría actuar en este caso con la misma astucia pragmática con la que en los últimos años ha manejado la relación con EE.UU. Si así fuese, sacaría a Roberto Rivas del CSE para dar muestra de buena fe a favor de la reforma electoral que está negociando con la OEA. Esto sería lo más sensato y por el bien de Nicaragua y de él mismo tal debería ser la decisión de Ortega.
