En los primeros días del 2018 Nicaragua ya registra la muerte de dos mujeres lo que lleva a pensar a la activista de derechos humanos Magaly Quintana, que este año persistirá la situación de violencia de género que ha prevalecido en los últimos años.
“Una de las problemáticas que más preocupa a la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos), respecto de la pobreza en mujeres de la región es su vínculo con la violencia de género”, refiere la CIDH en su informe Pobreza y derechos humanos publicado a fines del año pasado.
En el mismo, la CIDH destaca que las mujeres es uno de los sectores de la población afectados en la región en mayor medida por la pobreza y se encuentran en particular desventaja en el ejercicio tanto de sus derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales.
Al tiempo que menciona que entre las principales formas de violencia que todavía sufren las mujeres en las Américas figuran la violencia doméstica y la violencia sexual, perpetrada por conocidos y no conocidos, así como formas de acoso laboral y sexual en el trabajo, junto a los homicidios, la trata de personas y la violencia institucional. En ese acápite del informe, Nicaragua es mencionado entre los países que sufren este problema.
Muchas víctimas viven en extrema pobreza
Quintana coincide que en Nicaragua las mujeres pobres son las que tienen menos posibilidades, hay menos educación y menos posibilidades de empoderamiento. Y gran parte de las víctimas viven en extrema pobreza destacando las mujeres del Caribe nicaragüense, donde considera hay un mayor índice de violencia de género.
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La CIDH señala que las mujeres con bajos niveles socioeconómicos y educativos figuran entre las personas en mayor riesgo de ser utilizadas para participar en operaciones delictivas como victimarias o como traficantes.
“La pobreza, la falta de oportunidades y las barreras al acceso a la educación ponen a mujeres y niñas en situaciones vulnerables, y hacen de ellas objetivos fáciles de la delincuencia organizada”, dice la CIDH.
Y retoma información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que indica que entre el 15 y 17 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años de edad en Estados como Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana y Nicaragua han recibido violencia física o sexual por parte de una pareja alguna vez.
“Es vergonzoso que estemos entre esos países, independientemente con los indicadores que trabajen”, expresó Quintana, quien lamentó que las estadísticas nacionales que emite el Instituto de Medicina Legal (IML), son conocidas de forma tardía.
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El especialista en derechos humanos, Uriel Pineda destaca que la pobreza en mujeres, niñez o población indígena “produce una doble y hasta triple discriminación por coincidir en una misma persona dos o más condiciones de vulnerabilidad”.
“La condición de vulnerabilidad supone una obligación del Estado de atención prioritaria a un grupo o segmento poblacional debido a la imposibilidad de valerse por ellos mismos, como es el caso de personas con discapacidad, adultos mayores y niños, o bien la condición de vulnerabilidad se vincula a la pertenencia a grupos históricamente excluidos como las mujeres, indígenas, población afrodescendiente y comunidad LGBT”, refirió Pineda quien estimó que la discriminación se presenta cuando existe un trato diferenciado respecto del ejercicio de algún derecho y pertenecer a algún o grupos en situación de vulnerabilidad debe crear la presunción legal de discriminación.
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“Ser pobre y pertenecer a alguno de estos grupos en situación de vulnerabilidad es caldo de cultivo para la violación a Derechos Humanos. Por lo anterior, mientras exista pobreza en Nicaragua, habrá violaciones a Derechos Humanos”, dijo Pineda.
También salud materna
Por otra parte, la CIDH resalta que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo referencia a que un promedio de 1.500 mujeres y niñas mueren diariamente como consecuencia de complicaciones prevenibles relacionadas con el embarazo y parto.
“Asimismo, por cada mujer que muere, otras 30 mujeres sufren heridas o enfermedades permanentes que pueden resultar en dolores persistentes, discapacidad y exclusión socioeconómica. Aunque la mortalidad y morbilidad materna afectan a las mujeres de todos los estratos sociales y económicos”, señala la CIDH.
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“La CIDH advierte que un número desproporcionadamente elevado de mujeres pobres, indígenas y/o afrodescendientes, que en su mayoría residen en zonas rurales, son quienes con mayor frecuencia no disfrutan plenamente de sus derechos humanos respecto de la salud materna”, menciona el informe, que a su vez apunta que ha recibido información sobre el impacto alarmante por la criminalización del aborto en las mujeres de la región.
Nicaragua es uno de los cinco países de América donde aún es penalizado el aborto mencionado por la CIDH y que Quintana considera debe ser un tema que haga reflexionar a las autoridades del Estado pues pone en riesgo la vida de las mujeres y niñas.