Para abogados litigantes y organismos de derechos humanos, la situación de violación de derechos humanos de los privados de libertad se agudizó en el 2017 en Nicaragua.
La Policía y el Ministerio de Gobernación mostraron una hegemonía sobre el poder judicial, pues no les interesa cumplir con órdenes, oficios y sentencias de los jueces y magistrados del país.
Las detenciones ilegales, la restricción y el aislamiento de reos son una muestra de las violaciones perpetradas contra investigados y reos. Esta violación en el 2017 se hizo extensiva hasta los familiares de estos, sobre todo cuando son extranjeros.
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Tal fue el caso de Josefa Morelo Ibáñez —mamá del colombiano Amauri Carmona Morelo—, quien fue detenida de forma ilegal en la Dirección de Auxilio Judicial por diez días, sin ser investigada ni acusada, sostuvo Carlos Chavarría, abogado del colombiano.
“Estamos en un Estado de hecho y no de derecho, donde los funcionarios de la Policía, el Sistema Penitenciario y Gobernación están por encima de la Constitución y las leyes. Esto hace que haya vulnerabilidad y los reos estén en indefensión, porque ni siquiera les permiten reunirse con sus abogados para establecer la defensa en juicio”, dijo Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Casi un año sin visitas
En febrero de 2018, el reo colombiano Carmona Morelo cumplirá un año de estar preso en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Nicaragua, sin tener sentencia condenatoria y sin permiso de recibir visita. Este fue declarado culpable de varios delitos en octubre de 2017 por hechos ocurridos en Walpasiksa, comunidad de Bilwi, Caribe Norte del país, en el 2009.
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Desde entonces y a la fecha el privado de libertad no ha recibido visita de sus familiares ni lo han trasladado al Sistema Penitenciario Nacional ubicado en Tipitapa, a pesar que el juez Ernesto Rodríguez ya giró oficios.
Previo al juicio, en agosto del 2017, llegó a Nicaragua Morelo Ibáñez, madre de Carmona Morelo, a visitarlo y saber de su situación legal, pero los esfuerzos fueron inútiles. Luego de tres días consecutivos de insistir para ver a su hijo, oficiales de la DAJ la dejaron pasar, pero ya no salió. La tuvieron bajo detención ilegal por diez días.
“Hasta la sangre le sacaron para un ADN y el mismo día que la soltaron, la señora salió directo a su país asustada”, dijo Carlos Chavarría, abogado del colombiano.
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Para Chavarría, esta situación es un abuso total contra los derechos del reo. “No había visto tanta saña contra los familiares de un privado de libertad. No sirven de nada los oficios que den los jueces, simplemente la Policía y Gobernación es un poder sobre el poder judicial”, expresó.
En la misma situación de restricción y aislamiento se encuentran los reos guatemaltecos Axel Mogollón y José Alonso, procesados por transporte internacional de droga en diciembre pasado, aseguró su abogada Keyla Largaespada.
“La DAJ, por mucho oficio que (se le) lleve, no permite entrevistarme con ellos. Para dejarles comida es otra súplica porque por más que expliquemos que no tienen familiares y que nosotros debemos entregar la comida, no aceptan y si vienen los familiares también es malo. Entonces es un problema para abogados litigantes”, dijo Largaespada.
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Otro caso emblemático de violación de derechos humanos del migrante y sus familiares fue el de los africanos Mary Frinwie Atanga y Joseph Tchamani Maglorie, quienes pasaron de reclamar el cuerpo de su hijo migrante a ser secuestrados, detenidos de forma ilegal y finalmente procesados de forma sigilosa sin defensa privada ni comunicación con sus familiares.
No los llevan al médico
Otra queja frecuente de parte de abogados y familiares es la falta de humanismo de parte de autoridades penitenciarias en llevar a los internos a valoración médica a tiempo, sino hasta que la salud del interno se complica.
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También no cumplen a tiempo con las evaluaciones carcelarias necesarias para promover derechos y beneficios de suspensión de pena a reos. “Los jueces se cansan de emitir oficios y los del Sistema no las cumplen. Ya impusieron la política del miedo a los familiares, que no quieren denunciar abiertamente porque se desquitan con los privados de libertad adentro”, dijo Pablo Cueva, asesor legal de la CPDH.
