Gobierno primero debería cerrar El Chipote, dicen defensores de derechos humanos

El Chipote ha sido considera "un centro de tortura" recordó la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez

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Deefensores de derechos humanos coinciden en que gobierno debe anunciar cierre del Chipote. LA PRENSA/ARCHIVO

Antes de construir nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), el gobierno debe cerrar El Chipote, lugar donde funge actualmente esa especialidad, por ser considerado un centro de tortura coinciden la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez y el secretario general de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez.

«Lo interesante es buscar como cambiar la situación que se vive en esas instalaciones y que es prácticamente un centro de tortura (…)    y que sus métodos son aplicados a todo el que entra allí no solamente algún detenido por motivaciones políticas», sostuvo Núñez.

A su vez, Núñez dice que este tipo de construcción debe reunir una serie de requisitos para que puedan decir que son espacios donde se respetan los derechos humanos, por ejemplo, deben tomar en cuenta las normas internacionales en el tratamiento de reclusos.

La defensora de derechos humanos expuso que las instalaciones de la DAJ deben ser accesibles no solo para familiares de los detenidos, sino para las autoridades de justicia por ser parte de la investigación del sistema judicial.

Con la imagen negativa que tiene esa dirección lo que debió hacer el Estado o los mandos policiales «es el cierre definitivo de Auxilio Judicial en El Chipote», dijo por su parte el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez.

El anuncio de la nueva construcción la realizó el miércoles 3 de enero la vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, Rosario Murillo, como parte de un proyecto de construcción de 27 delegaciones en su mayoría de municipios en todo el país, sin que haya ofrecido mayores detalles al respecto.

Para Núñez, el anuncio es recibido con satisfacción pero no puede ser “a ciegas”, pues aún quedan muchas interrogantes .

¿Una estrategia?

El secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez, no descartó que la disposición del gobierno de construir las nuevas instalaciones de la DAJ tenga como intención de “tratar de cambiar su imagen negativa”, pues en el presente año correspondería la tercera evaluación del Estado ante el Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para hacer cree ante la comunidad internacional “que está haciendo algo” frente a este tema.

Debe haber cambios

“Aquí tenemos hasta el día de hoy una Policía que ha estado íntimamente relacionada en el ejercicio de su función policial a una violación directa de los derechos humanos de la sociedad nicaragüense”, afirmó Leiva Sánchez.

El secretario de ANPDH estimó que no se debe pensar que una simple remodelación representará cambio de la institución, sino que esto debe demostrarse con el apego estricto a la Constitución y las leyes en el ejercicio de sus funciones . Y considera que antes de construir esas nuevas unidades el gobierno debe escuchar los criterios de organizaciones de la sociedad civil.

27

unidades policiales en igual cantidad de municipios del país ha proyectado el gobierno construir durante 2018. La inversión pública alcanza los 366 millones de córdobas.

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