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Venezuela

El gobernador del Estado Aragua, Rodolfo Marco Torres es uno de los funcionarios sancionados. LA PRENSA/EFE

Estados Unidos sanciona a cuatro funcionarios venezolanos por corrupción y actos de represión

Los activos que los funcionarios posean en territorio estadounidense quedarán congelados y tendrán prohibido tener relaciones comerciales con ciudadanos estadounidenses

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes por corrupción o responsabilidad en actos de represión a cuatro funcionarios venezolanos, incluyendo al gobernador del Estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, y al ministro de Nueva Frontera de Paz, Gerardo Izquierdo Torres.

Las sanciones anunciadas este viernes afectan también al General de División retirado Francisco Rangel Gómez, exgobernador del Estado Bolívar, y al general de la Guardia Nacional Bolivariana Fabio Zavarse Pabón.

En una nota oficial, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que las sanciones “ponen de relieve la determinación de Estados Unidos de hacer responsable a (el presidente Nicolás) Maduro y otros, implicados en corrupción”.

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En el caso de Zavarse Pabón, entre las razones para su inclusión en el paquete de sanciones se menciona su “alegada responsabilidad por actos de represión por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana contra protestas callejeras en Venezuela”

Activos congelados

Como resultado de estas sanciones, todos los activos que estos cuatro funcionarios eventualmente posean en territorio estadounidense resultarán congelados, y tendrán prohibido tener relaciones comerciales con ciudadanos estadounidenses.

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Estados Unidos considera a Venezuela un “narco Estado” que amenaza la seguridad internacional, por lo que ha impuesto sanciones en los últimos meses contra el mandatario venezolano y gran parte de sus funcionarios más cercanos. Además, Washington prohibió a ciudadanos estadounidenses negociar deuda con el gobierno venezolano y su estatal petrolera PDVSA.

En noviembre, Washington había sancionado a otros 10 funcionarios por su alegada responsabilidad en irregularidades electorales.

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