Hizo bien Daniel Ortega, al evitar que el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, se presentara a juramentar a los alcaldes y concejales que fueron elegidos (algunos) y asignados (los demás) en las votaciones municipales de noviembre del año recién pasado.
O tal vez fue el mismo Rivas Reyes quien por su propia voluntad decidió no presentarse en esos actos oficiales. Pero el hermetismo del régimen impide saber lo que de verdad ocurre en este caso que es de interés público y debe ser conocido por los ciudadanos.
Por otra parte, independientemente de la opinión que se tenga sobre la validez de la Ley Magnitsky y la sanción que el gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) ha impuesto al presidente del CSE, la prudencia política aconseja por lo menos mantenerlo en la sombra.
Para algunos —y la verdad es que nosotros compartimos esa opinión—, lo mejor sería sacar a Rivas Reyes del CSE; o que él mismo renunciara por su propia voluntad o “invitado” por Ortega. No es cualquier cosa que un funcionario estatal de tan alto rango, como es el presidente de un poder del Estado, sea sancionado con la aplicación de una ley que fue dictada especialmente por los EE.UU. para castigar duramente a funcionarios públicos y personajes particulares de cualquier país del mundo, que son acusados de cometer delitos de corrupción, atropellos al sistema democrático y corrupción, aunque no necesariamente hayan sido procesados y condenados judicialmente.
Conforme al derecho universal de apelación y al principio de que para ser condenada cualquier persona a una pena judicial o administrativa, antes se le debe probar la culpabilidad, Roberto Rivas ha podido o debido apelar ante la justicia estadounidense por la sanción que le ha sido impuesta. O al menos defenderse públicamente de las acusaciones por las fechorías que se le imputan.
Sin embargo, independientemente de todo eso lo más importante es que lo de Roberto Rivas no es solo problema personal sino un grave problema político de Estado, un asunto que atañe a toda la nación. De manera que por el interés de Nicaragua y de los nicaragüenses, y por su propio bien particular, a Daniel Ortega no le conviene reaccionar negativamente contra la sanción de los EE.UU. Por eso hemos dicho al comienzo de este comentario editorial, que se ha hecho lo correcto al no presentar a Roberto Rivas Reyes para juramentar a los alcaldes y concejales.
Pero eso no es suficiente. A Rivas Reyes hay que sacarlo del CSE. Aunque sea cierto que cambiar a Roberto por Lumberto no cambiaría en nada el fraudulento sistema electoral de Nicaragua montado por el orteguismo, la destitución del presidente del CSE tendría un importante simbolismo. Podría ser apreciado como un mensaje de Ortega de que en realidad está dispuesto a negociar y aceptar una reforma verdadera y sustantiva del sistema electoral.
Lamentablemente, las arbitrariedades que el régimen orteguista ha cometido en los actos de juramentación de los alcaldes y concejales, contra los mismos partidos que lo acompañaron en la farsa electoral, hace pensar que el lobo no quiere dejar las mañas y que ni siquiera acepta botar el pelo.